OHL sigue moviéndose en el pantano. No puede quitarse la sospecha de corrupción y de haber recurrido a sus relaciones políticas en el estado de México para beneficiarse de obra pública. Ejecutivos de OHL México desestiman esas imputaciones al señalar que sólo han tenido ocho contratos de obra pública en su historia, aunque ellas representan el 15% del negocio total de la compañía, el mercado más grande que tienen sólo después de España, donde se encuentra la matriz. OHL no ha podido neutralizar el daño público y económico como resultado de un conflicto legal y mediático con su socio Infraiber, al que el Gobierno Estatal le canceló un convenio marco para medir el paso de vehículos por el Circuito Exterior Mexiquense construido por la firma española.
De acuerdo con el abogado de Infraiber, Paulo Díez, hay un procedimiento ilegal por parte del Gobierno del Estado de México y OHL al impedirles operar el sistema de verificación de aforo vehicular. Según Díez, el convenio marco que suscribió Infraiber con las autoridades mexiquenses está vigente, porque ni han recibido notificación oficial sobre la terminación del convenio marco, ni existe juicio alguno en el que el Gobierno de Eruviel Ávila haya reclamado la declaración judicial de invalidez o nulidad del convenio marco. “Mientras no exista una sentencia firme, dictada por un tribunal competente, que declare la terminación, invalidez o nulidad del convenio marco, este último seguirá vigente y obligará a las partes en sus términos”, enfatiza Díez.
El abogado Díez, que ante la inacción de la justicia comenzó a litigar el conflicto en la opinión pública, señala que al quitarle a Infraiber el derecho otorgado en el convenio marco, se le entregó el cobro a la filial mexicana de OHL desde enero de 2013, que con una modificación en la tarifa del 100%, recaudó 50 centavos más IVA de cada usuario de la autopista, lo que hasta abril pasado significó un ingreso para el gobierno mexiquense –de acuerdo con el convenio- de más de 120 millones de pesos. Según Díez, este monto fue entregado al ex Secretario de Comunicaciones mexiquense, Apolinar Mena, en vísperas de las elecciones federales.
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