Las tres derrotas que ha sufrido López Obrador en una semana y media tienen la gran virtud de enseñarnos cuál es el antídoto para su autoritarismo: la unidad activa de los atropellados.
Quienes deberían tomar nota, si quieren frenar la destrucción económica que está en curso, son los empresarios.
Mientras no se den a respetar –por la influencia de unos pocos ganadores momentáneos con la 4T–, no habrá reversa en las decisiones disparatadas que llevan al país a la ruina, a las empresas a la quiebra y a millones de mexicanos al desempleo y a la pobreza.
Lo sucedido ayer con la ‘ley Bonilla’ es importante, además del hecho en sí, porque la unidad de voces en defensa de la democracia le recordó a la máxima instancia del Poder Judicial cuál es su papel.
Y al Presidente, que hay límites a su fiebre de acumulación de poder.
Fracasó el laboratorio morenista para extender el mandato de López Obrador en la Presidencia, cuando ayer la unanimidad de los ministros de la Suprema Corte rechazó prolongar tres años el mandato del gobernador de Baja California.
La decisión echó abajo un golpe constitucional que fue estimulado, avalado y financiado por un círculo de amigos del Presidente. No lo pudieron sostener.
Y provocó un justificado regocijo que nos recordó la exclamación del humilde molinero que derrotó a Federico el Grande en una causa judicial contra el monarca: ¡Aún hay tribunales en Berlín!
Perdió el intento de sentar un precedente para extender el periodo de AMLO.
En la construcción de esa aventura estuvieron manos cercanísimas al Presidente, como Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, que desde la dirección de Aduanas (que ocupaba) negoció y sobornó (según reveló el presidente del Congreso de Baja California, quien habló de un millón de dólares) para dar luz verde a la reforma de la Constitución local.
Ahí estuvo, de lleno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que trató de pactar con el presidente del PAN, Marko Cortés, la aprobación de esa reforma. Disparó por la culata.
Luego la propia secretaria acudió, en representación de su jefe, a la toma de posesión del gobernador de BC, a quien le aseguró, en discretísimo diálogo, que la norma (aprobada por el Congreso del estado) iba a prevalecer.
En la maniobra estuvo el propio Bonilla, amigo íntimo de López Obrador, al que llevó a entrevistarse con los directivos de los Padres de San Diego.
Toda una conjura contra la democracia se vino abajo.
De ninguna manera es una victoria definitiva sobre el sector totalitario del gobierno.
Con el fallo no se curan la insensatez económica ni la desidia inhumana con que se enfrentó la pandemia, pero es una grata señal de que las instituciones están vivas.
Hay sectores de la sociedad que podrían dar la batalla, en sus ámbitos de competencia, para evitar la destrucción económica del país.
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