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FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

En dos días han pasado por la Cámara de Diputados gobernadores y presidentes municipales. Faltan organizaciones no gubernamentales y estudiosos e investigadores, pero por lo que han adelantado está claro: hay un amplio consenso –respaldado por organizaciones internacionales de derechos humanos– sobre que el nuevo cuerpo policiaco del país debe quedar bajo el mando civil.

Hay adentro del mismo gobierno y de la bancada de Morena disidentes de la idea del Presidente de la República de poner la Guardia bajo el mando de la Secretaría de la Defensa.

Ayer, en una joya de texto, Pedro Salazar señaló entre otras cosas que hacer lo que quiere López Obrador iría contra convenios y tratados internacionales firmados por México, como lo señala, por ejemplo, una última resolución de la CIDH, que dice: “…Si bien los Estados partes de la convención podrían desplegar a las fuerzas armadas para desempeñar tareas ajenas a las propiamente relacionadas con conflictos armados, dicho empleo debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad (…) dado que el entrenamiento que reciben las fuerzas militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.

El abrumador consenso va contra toda la lógica que ha venido haciendo el Presidente y su secretario de Seguridad en las últimas semanas. Su defensa del Ejército, su argumento de que son los únicos que pueden solucionar el problema, que porque ellos son pueblo, que ellos no son corruptos… Con esa lógica hizo la convocatoria de reclutamiento adelantado.

Más información: http://bit.ly/2Cee5TK

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