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Foto: Quadratin

Pierden su tiempo los especialistas en derecho constitucional que explican y analizan por qué la propuesta para consultar si se juzga a los expresidentes es violatoria de la Constitución. El Presidente lo sabe perfectamente. Un artículo del 18 de septiembre del director de este diario, Pascal Beltrán Del Río, recuerda la reacción del entonces candidato López Obrador a la propuesta de Ricardo Anaya de someter a juicio a Enrique Peña Nieto y al expresidente Felipe Calderón: “Quiere sacar raja con lo de los expresidentes. Pero es una cosa risible. No se puede atropellar la legalidad. Que explique qué tipo de denuncias, qué delitos, en qué instancias. Yo quisiera que explicara cómo va a meter a la cárcel a Peña, de qué lo acusa, si es por corrupción, en dónde lo va a acusar y qué procede. Que de una vez vaya a la Procuraduría o a donde corresponda y presente la denuncia…¿Cuál es el delito por el que va a perseguir a Calderón?”.

El Presidente no tiene duda del carácter ilegal de su propuesta y de cuál será el veredicto de la Suprema Corte de Justicia (SCJN). ¿Por qué entonces no va a la Fiscalía General (el nuevo nombre de la exPGR) y presenta la denuncia, como le recomendó al candidato de Por México al Frente? Porque no hay una búsqueda genuina de justicia, sino el despliegue de una pedagogía, una que induzca a no pensar, a entregar el pensamiento crítico al guía y líder. Se trata de dar nuevas evidencias de que se vive un momento de grandeza histórica, Napoleón cabalgando en su Jetta blanco, al que no se le puede regatear con pequeñeces como el Estado de derecho, el cumplimiento con “la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

El momento me recuerda la película Mr. Jones, dirigida por Agnieszka Holland, en la que un periodista galés intenta dar a conocer en 1933  la hambruna en Ucrania, causada por la política de colectivización forzosa de la tierra impuesta por Stalin. Millones de ucranianos mueren de hambre y quienes se oponen a que se dé a conocer internacionalmente esta angustiosa realidad son los periodistas e intelectuales de izquierda que simpatizan con la Revolución Socialista.

Un George Orwell se pregunta dubitativo si esa violación a la ética periodística no será el precio que hay que pagar por un cambio tan profundo y disruptivo. El jefe del buró del The New York Times busca que los Estados Unidos reconozcan diplomáticamente a la Unión Soviética y contra el credo de su profesión, oculta la verdad de la hambruna comprobada por el galés.

Independientemente de las motivaciones políticas y electorales del Presidente para usar una pedagogía que polariza y sataniza a los “otros”, que obliga a verlos a través del prejuicio y los insultos, es más importante reflexionar sobre el impacto de ésta en la mente de los y las jóvenes. ¿Se les enseña a pensar críticamente? ¿Se les muestra la realidad como diversa y compleja o por el contrario se les machaca  que sólo hay dos colores: blanco y negro? Pienso esto al recordar la figura de la juez Ruth Bader Ginsburg, fallecida el viernes pasado y a quien debemos tanto los que nos hemos beneficiado de una cultura que procura la igualdad y la no discriminación. A los 13 años, siendo apenas una estudiante de secundaria, Ruth se emociona con el nombramiento de Eleanor Roosevelt como presidenta de la primera Comisión de los Derechos Humanos, responsable de la redacción de la futura Declaración  Universal de los Derechos Humanos. Escribe un pequeño trabajo que recoge en sus memorias en las que cita al rabino Alfred Bettelheim: “Los prejuicios nos ayudan a esquivar un problema doloroso, el de pensar”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido la piedra fundacional sobre la que, penosamente,  con avances y retrocesos se ha ido construyendo una cultura de respeto a los derechos humanos y de combate al prejuicio. Y el fortalecimiento de las democracias descansa precisamente en estas premisas: que los otros, adversarios  o no políticamente, gozan de los mismos derechos, son parte de la realidad diversa de los países y no sólo merecen el respeto de los gobernantes, sino también que éstos los deben representar e incluir en sus políticas públicas.

Pudiera entenderse que en 1933 muchos intelectuales pasaran por alto pequeños y grandes errores de gobiernos que intentaban  cambios radicales.  No podían  preverse los resultados y en cambio ya se conocían  las profundas injusticias del mundo presente. Pero hoy sabemos los resultados trágicos de los discursos milenaristas. Los errores brutales de conceder poco a poco la destrucción del Estado de derecho y de ciertas libertades en aras de un bien pretendidamente superior. No hay bien al que se pueda llegar por un medio contrario.

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