Los cuerpos decapitados fueron hallados el último día de 2017 en la Central de Abastos de Iguala, Guerrero. Los habían metido en bolsas y los habían depositado en una de las básculas donde se pesan los tráileres que llevan mercancía a la central.
No estaban las cabezas.
Esa noche un grupo de sujetos armados ingresó en un domicilio de la colonia Agua Zarca y acribilló a un hombre que quedó en la misma silla en la que celebraba el Año Nuevo.
A esa misma hora un hombre era hincado en un pastizal. Recibió varios tiros en el cráneo.
Iguala cerró 2017 con 176 homicidios. Habían ocurrido 139 en 2016 y 105 en 2015. La mayor parte de las ejecuciones fueron cometidas por personajes que viajaban a bordo de motonetas. Por regla general, de dos en dos.
En febrero de 2018, en la cámara frigorífica del Semefo de Iguala, con capacidad para treinta cuerpos, se apilaban más de sesenta. El olor a muerto, dicen, asolaba las zonas aledañas.
Tras la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, fueron aprehendidos más de 125 individuos relacionados con el grupo criminal Guerreros Unidos. En los meses convulsos que siguieron a la noche de Iguala cayeron jefes, sicarios, halcones. Y también, una larga serie de policías municipales de Iguala y Cocula, encargados de brindarles protección.
El bastión de Guerreros Unidos fue tomado por 600 policías federales y más de mil soldados. Los Guerreros Unidos, sin embargo, no se fueron. No se han ido. A pesar de la desarticulación del grupo original, la violencia siguió.
Medio año después de aquellos sucesos, en marzo de 2015, hubo en Iguala 19 ejecuciones en una semana. Las 19 fueron cometidas por sujetos que se movían al estilo de los Guerreros Unidos: en motonetas.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 los homicidios crecieron en Iguala 45%, en relación con el año anterior.
El escándalo político alrededor del caso Iguala centró la atención en la tortuosa investigación emprendida por la PGR. El crimen organizado aprovechó esa coyuntura para recomponerse y seguir actuando. El tráfico de goma de opio no cesó. En 2016, Iguala se repartió con Acapulco y Chilpancingo el 60% de los homicidios cometidos en Guerrero; el 80% de los robos con violencia; el 66.67% de las extorsiones. El 41.98% de los secuestros.
El robo de vehículos creció 300% entre 2014 y 2018.
En marzo de 2016, fue asesinada la ex regidora Esther Orea Vargas, que había formado parte de la administración del alcalde José Luis Abarca, preso actualmente por narcotráfico y crimen organizado.
Orea Vargas se había salvado de un atentado ocurrido dos semanas atrás, en el que perdieron la vida el dirigente del sindicato de camiones materialistas, Gustavo Bahena, y el chofer de la autoridad agraria, Arturo Jurado. El ataque fue realizado, desde luego, con motonetas: llevaba el sello de la casa.
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