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En el operativo contra el hijo del Chapo en Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió su decisión de no dedicarse a perseguir y capturar capos.

Lo hizo por las viejas razones, porque había una orden de aprehensión con propósitos de extradición sobre Ovidio Guzmán. Es decir, porque había una petición judicial de Estados Unidos.

La petición está en la lógica de lo que ha sido hasta hoy la estrategia invariable de combate al narcotráfico en México, un guion diseñado por Estados Unidos, practicado en Colombia e impuesto a México, paso a paso, desde 1985, año en el que el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, en Guadalajara, exhibió la tolerancia y la complicidad de políticos y policías mexicanos con el narco.

El escándalo hizo intervenir públicamente a la embajada estadunidense y a partir de entonces México quedó sujeto a una supervisión y a una colaboración subordinada con las agencias estadunidenses en la materia.

La estrategia impuesta es la descrita ayer aquí: hacer la guerra a los cárteles, descabezarlos, fragmentarlos, volverlos bandas “manejables” y tener como criterio de éxito la captura de los más buscados.

Mientras más estrictamente se siguió esa estrategia, más violencia generó, y más se expandieron por la República los grupos criminales, en especial a partir de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La detención para extradición de Ovidio Guzmán está en la lógica de aquella estrategia y ha sido, en un solo episodio, extraordinariamente cara para el gobierno.

Más información: http://bit.ly/2JdzAZe

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