El pacto entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto para no perseguirlo, comenzó a disolverse. La Fiscalía General de la República abrió sus cartas y empezó a investigar al expresidente y a su familia. Hizo lo mismo también con el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con su familia.
La pandemia de Covid-19 y la crisis económica deben haberle mostrado que requiere oxígeno para que no se colapse su proyecto político-electoral rumbo a las elecciones federales del próximo año, y necesita renovar su retórica anticorrupción al más alto nivel. Y qué mejor que su antecesor.
La Fiscalía General ha buscado ocultar las investigaciones, que recaen en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), que sin embargo no la canalizó a través de la Unidad sobre Delitos Cometidos por Servidores, sino por la que se especializa en delitos de Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE).
El responsable de la SEIDF es Juan Ramos, quien tiene una larga experiencia en el área de seguridad pública y trabajó en el gobierno de Vicente Fox como fundador y subsecretario de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Alejandro Gertz Manero, también su jefe actual.
Son varias las carpetas de investigación abiertas sobre Peña Nieto y Videgaray, que tienen que ver con sus propiedades. Una de ellas, la FED/SEIDF/UEIDAPLE-CDMX/00003241/2020, rastreó sus propiedades en el Estado de México. Peña Nieto, que es oriundo del estado donde mantiene su residencia, tiene propiedades en varias partes de la entidad, una parte de ellas previas a que fuera incluso gobernador.
Videgaray, que trabajó en el Estado de México desde 2005, aproximadamente, antes de ser diputado y miembro del gabinete, adquirió una casa de descanso en Malinalco, que en el momento en que se supo de ella, por el involucramiento del Grupo Higa en la transacción inmobiliaria, desencadenó un escándalo.
Otra carpeta de investigación, la FED/SEIDF/UEIDAPLE-CDMX/0000329/2020, en donde se incluye en la averiguación a su exesposa Angélica Rivera y a los cuatro hijos producto de su primer matrimonio con Mónica Pretelin, quien falleció antes de que llegara a la Presidencia, busca detectar si sirvieron como prestanombres en la adquisición de propiedades, compraventa de inmuebles, constitución de empresas o protocolización de actas jurídicas. En esa misma carpeta se incluyó a Videgaray, a su exesposa y a sus tres hijos, con el mismo propósito.
Las investigaciones no son iguales. En la pesquisa sobre Videgaray y su familia no aparecen empresas en donde se tenga sospecha de que haya estado involucrado, o que se hubieran prestado para operaciones opacas.
En la abierta sobre Peña Nieto y su familia hay ocho empresas donde la Fiscalía General quiere determinar si es o son propietarios, o qué tipo de uso le dieron a algunas de las empresas.
Por ejemplo, una que llama la atención en donde se busca si tiene vinculación, es Interacción Biomédica, que fue proveedora de varias instituciones en el Estado de México aún después, incluso, que apareciera en 2017 en la lista del SAT como una ’empresa fantasma’.
Hay otras dos empresas, Grupo Higa, que fue utilizada como intermediaria inmobiliaria en la adquisición de la famosa ‘casa blanca’ de la señora Rivera, y Aeronaves Eolo Plus, que pertenecen a la misma persona, Juan Armando Hinojosa, un empresario nacido en Sinaloa pero que construyó sus empresas y fortuna en el Estado de México, años antes de que Peña Nieto fuera gobernador.
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