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Imagen: jaepinformatica.blogspot.com/

Lo que está bajo amenaza no es el “régimen de privilegios del pasado” que el Presidente me acusa defender, porque los privilegiados que hacían antesalas en Los Pinos son los mismos que hoy se pasean como Pedro por su casa en Palacio Nacional.

Está en riesgo el régimen de libertades.

En los próximos días llegará a la Cámara de Senadores el proyecto remozado que hace dos semanas llevaron altos funcionarios, encabezados por la secretaria de Gobernación y el fiscal general de la República, a entregar a los legisladores. Se retractaron en pleno evento y volvieron con el documento bajo el brazo.

Dice el Presidente que él no sabía nada del anteproyecto de reformas al sistema judicial.

¿Su equipo elaboró y llevó al Senado un paquete con reformas a catorce artículos de la Constitución y un nuevo Código Penal, para toda la República, sin decirle nada a su jefe ni explicarle el contenido?

O el Presidente está perdido, o sus colaboradores no lo respetan, o conocía el anteproyecto y estuvo de acuerdo.

Sea lo que sea, en el equipo gobernante hay quienes impulsan la pérdida de libertades individuales para entregarle nuestros derechos a un Estado opresor.

Como no pueden solucionar problemas con los estorbosos derechos y garantías individuales, recurren a su anulación. A ver si así.

Del gobierno y de nadie más salió ese Anteproyecto de Reformas Constitucionales y un Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que da arraigo ante la acusación de cualquier delito, a solicitud del Ministerio Público (artículo 157). Arbitrariedad, indefensión y corrupción aseguradas.

En su artículo 16, el anteproyecto de Código autoriza la intervención de comunicaciones privadas en materia fiscal y electoral. Todos estaremos expuestos a ser espiados legalmente por el gobierno.

¿Por qué? Razón de Estado. Chantaje y control político de por vida.

Y por sospecha se pide el arraigo.

Se pretende desaparecer al juez de control (encargado de frenar los abusos y fallas del Ministerio Público) y se establece la “averiguación judicial”: investigan el juez y el MP.

Como dice el maestro Rodolfo Félix Cárdenas en un riguroso análisis sobre el tema, se regresa a la figura que impuso el dictador Porfirio Díaz en el Código Penal de 1880 (revertida en 1917 por Venustiano Carranza), en que una persona es investigada, procesada y juzgada por un solo juez, que además presume su culpabilidad. (artículos 309, 382 y 436 del anteproyecto de Código Penal).

Así, no hay defensor que pueda contra un juez que acuse, investigue, valore sus propias pruebas y luego dicte sentencia.

¿De dónde salió ese anteproyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 16, 18, 19, 20, 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otras cosas, impide al denunciado por el delito que sea, tener acceso a las pruebas que dice tener el MP?

Más información: http://bit.ly/3aXYmsj

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