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Foto: Archivo Familiar

Los últimos 10 años, al menos 82 periodistas mexicanos han sido asesinados en México por motivos relacionados con su profesión. Esto ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Víctima de esta violencia fue Miroslava Breach, una periodista de investigación que denunciaba a grupos del crimen organizado que controlan la vida política para consolidar su control, la llamada “narcopolítica”. El 23 de marzo de 2017, Breach fue asesinada a sangre fría a la entrada de su casa y aunque existe una investigación judicial de su muerte ésta ha dejado cabos sueltos. El Colectivo 23 de marzo, un grupo de periodistas que trabaja en México, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP) se unieron para desvelar qué se ha investigado y qué no sobre este crimen, que no debe quedar impune.

El 23 de marzo 2017 a las siete de la mañana, en la ciudad de Chihuahua, la periodista mexicana Miroslava Breach subió a su camioneta para llevar a su hijo de 14 años al colegio. De pronto apareció un hombre desconocido, con la cara escondida bajo una gorra y abrió fuego. La periodista no sobrevivió al ataque.

Breach era una profesional respetada por su ejemplar trabajo de investigación, realizado en medio de una gran peligro. Trabajaba para los periódicos La Jornada y El Norte de Ciudad Juárez, escribiendo sobre el crimen organizado y la corrupción de las autoridades locales en su natal Chihuahua, que es considerado uno de los Estados más violentos del país. En los últimos meses de su vida, había centrado su trabajo en los narcopolíticos, miembros de grupos del narcotráfico que se infiltran en el ámbito político para consolidar su control. Se dedicó particularmente a investigar la expansión de Los Salazares, una organización criminal que opera en el pueblo serrano de Chínipas en alianza con el cartel de Sinaloa, codirigido por Joaquín El Chapo Guzmán hasta que fue detenido en 2016, y que ha crecido bajo el cobijo de las autoridades que les garantizan impunidad.

Dos años después del asesinato, las investigaciones de las autoridades locales y federales han dejado muchos cabos sueltos. Ninguna ha establecido un vínculo entre el asesinato y los grupos criminales o políticos, a pesar de las indagaciones de Miroslava sobre el tema y a pesar de las amenazas que recibía de parte de ellos. Solo un hombre, Juan Carlos Moreno Ochoa, apodado El Larry, fue detenido. Según las autoridades, sería el único instigador del asesinato de Miroslava, algo que deja fuera de sospecha precisamente a quienes ella había investigado: el crimen organizado y sus nexos con la política.

Sin embargo, la versión oficial de los hechos ha dejado fuera muchas piezas del rompecabezas. Es por esto que el Colectivo 23 de Marzo, que agrupa a periodistas mexicanos, en alianza con las organizaciones periodísticas internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), se unieron para llevar a cabo la investigación Proyecto Miroslava.

Piezas faltantes

25 de diciembre del 2017. Nueve meses han pasado desde el asesinato de Miroslava Breach. Se realizaron ocho disparos a través de las ventanas de su auto. Sus hijos, que estaban cerca, escucharon la ráfaga. Tras nueve meses de investigación (y de espera), Javier Corral, gobernador del Estado de Chihuahua, anunció frente a las cámaras de televisión la captura de Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry.

El hombre, detenido en el Estado vecino de Sonora, fue presentado como el autor intelectual de la muerte de Breach. También se reveló la identidad del sicario: Ramón Andrés Zabala, un pistolero de 25 años, que fue hallado muerto también en el Estado de Sonora. Tenían otro cómplice, Jaciel Vega Villa quien, según las autoridades, habría conducido al tirador al lugar de la escena del crimen antes de darse a la fuga. En tono muy solemne, el gobernador Corral enumeró los elementos considerados en el expediente policial: 200 horas de vídeo analizadas, escuchas telefónicas, más de 20 testigos interrogados y la movilización de expertos en la escena del crimen en una investigación que pretendía ser un “modelo nacional” de cómo investigar crímenes contra periodistas en México.

A pesar de su apariencia ejemplar, la investigación oficial, iniciada por la Fiscalía del Estado de Chihuahua y continuada por la Procuraduría General de la República desde 2018, no logra ocultar sus carencias: hay indicios y pruebas que nunca fueron tenidos en cuenta durante la investigación, políticos que no fueron interrogados adecuadamente, personas que pudieron haber tenido algún grado de implicación en los hechos que, sin embargo, fueron considerados solamente como testigos y se les protegió la identidad, así como irregularidades en la escena del crimen y elementos de prueba contradictorios.

El Proyecto Miroslava identifica todas esas irregularidades que, unidas, apuntan a concluir que no se investigaron debidamente las pistas que llevaban directamente a los narcopolíticos que habrían podido estar detrás de este crimen.

Las pruebas ignoradas

El asesinato de la periodista Miroslava Breach ha gozado de una amplia cobertura mediática en México. No fue la primera ni la única en ser asesinada simplemente por haber realizado su labor, pero sus investigaciones implacables —que destaparon muchas veces los estrechos vínculos entre carteles y políticos— la convierten en icono de la libertad de prensa, constantemente ultrajada en este país latinoamericano.

Algunas horas después del homicidio, la policía anunció un primer hallazgo: una cartulina tirada a algunos metros de la camioneta que presuntamente revela la identidad del autor intelectual del crimen. La nota habría sido firmada por El 80, el apodo de un jefe regional del cartel de Juárez, enemigo del cartel de Sinaloa y de sus aliados Los Salazares. Pero con el paso de las horas, fue cambiando la naturaleza del mensaje. Decenas de periodistas observaron la evolución de las versiones oficiales: tres versiones en tan solo 48 horas.

El mensaje cambiaba y se alargaba a medida que avanzaba el reloj, despertando las sospechas de los reporteros que siguieron de cerca el caso. Adicionalmente, nuestro colectivo descubrió que la cadena de custodia de esta evidencia, a pesar de ser esencial, no había sido mantenida debidamente. Resulta imposible rastrear las manos por las que pasó, desde la escena del crimen hasta que se hizo público.

A partir de este primer indicio, las incongruencias se comienzan a acumular. Por ejemplo, la presencia del gobernador Corral tres días después del asesinato en el domicilio de uno de los cómplices, Jaciel Vega Villa, durante el registro de la policía. Algunos meses después, ante los micrófonos de un programa de radio, Corral casualmente reconoció haber estado presente en el lugar de la investigación.

Dentro de esta misma casa se descubrieron numerosas pruebas durante la investigación oficial. El carro que manejó el asesino de Miroslava fue encontrado allí. Este coche pertenece efectivamente a Jaciel Vega Villa, un estudiante universitario que presuntamente estuvo tras el timón en el momento del asesinato de Miroslava Breach. Tras realizar indagaciones, el Colectivo 23 de marzo descubrió un vínculo familiar significativo: Jaciel es ahijado de Alfredo Salazar Ramírez, líder de Los Salazares y cuya extradición ha sido solicitada por un tribunal de Estados Unidos.

Más información en El País

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