viernes 29 marzo 2024

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por etcétera

Para Emma, en su 5 de junio

A resultas de una objeción legal presentada por la sociedad civil organizada, un tribunal federal ha ordenado la suspensión provisional de las obras del aeropuerto de Santa Lucía, cuyo banderazo de salida dio el Presidente hace unas semanas.

El tribunal aceptó fundamentalmente el aspecto ecológico de la demanda, a saber que la obra del aeropuerto anunciado carece de los diagnósticos de impacto ambiental que la autorizan.

La demanda ha sido hecha entre otras organizaciones de la sociedad civil, por México Unido contra la Delincuencia, Causa en Común, la Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Se sumaron al alegato despachos de abogados, y más de un centenar de usuarios del aeropuerto, pilotos aviadores y pobladores de Santa Lucía.

Los querellantes presentaron 147 juicios de amparo destinados a garantizar que la obra cumpla con los requerimientos previstos en la ley para evitar daños colaterales de todo tipo, en particular contra los habitantes del lugar y de los equilibrios ecológicos de la zona.

La petición de amparo fue resuelta a favor, provisionalmente, por un tribunal colegiado del Estado de México, cuya resolución tiene una consecuencia práctica compleja, que puede no ser confirmada en el siguiente fallo judicial. Pero su meollo es simple y claro, radicalmente legal.

El meollo de que hablo es el que suele repetir el Presidente: “Nada fuera de la ley, nadie por encima de la ley”. Nada ni nadie, empezando, desde luego, por el gobierno y por sus representantes, primeros obligados no solo a cumplir la ley, sino a hacerla cumplir.

El fallo del tribunal recuerda al gobierno de la República que en lo que respecta al aeropuerto de Santa Lucía se está poniendo por encima de la ley, y que ni la urgencia ni la importancia del proyecto pueden excusar del cumplimiento de las normas.

Más información: http://bit.ly/2WszYf1

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