La Fiscalía General, atrapada en el desaseo legal, va a investigar quién filtró la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el miércoles por la tarde. La secrecía explotó un documento para el conocimiento único de la autoridad, la defensa del inculpado y eventualmente de los imputados, convirtiéndose en material público al alcance del que quisiera. La filtración lo exhibió, pero sobre todo, afectó el debido proceso y viola la presunción de inocencia. La buena es que una gran pista está más cerca de lo que parece. Está en Palacio Nacional, y las pruebas las encontrará en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer filtrador de la nación.
El Presidente siempre dice que su pecho no es una bodega y es cierto. No miente, aunque suele confundir lo que tiene que ser mantenido bajo el sigilo profesional, y lo que cree que debe ser difundido en menoscabo de la ley, y en beneficio –lo que es relativo– de la sociedad. Paradójicamente, este jueves le pidió al fiscal que actúe con apego de la ley, cuando sistemáticamente hace lo contrario.
López Obrador lleva toda la semana, de lunes a jueves, animando a todos, incluido a Gertz Manero, a que violen la ley y que difundan lo que es secreto, violentando el debido proceso y la presunción de inocencia. Todavía este jueves, en medio de la escandalera política, valoró lo que leyó en periódicos y vio y escuchó en la televisión y la radio –porque dijo que no terminó de leer la denuncia–, como algo “muy grave, muy escandalosa”.
Esta parcialidad sobre una investigación en curso y un juicio, que apenas comienza, borra la presunción de inocencia, pero no tiene que ver con las filtraciones del Presidente, sino con su imprudencia jurídica y política, a menos que sólo le importe esto último y que la ley sea irrelevante para sus fines. Pero cuidado.
En el caso de las filtraciones de cualquier investigación en curso por parte de un funcionario, se viola el artículo 225 del Código Penal Federal, en cuyo inciso XXVIII prohibe “dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales”.
Ese es nuestro Presidente, que ha incurrido en filtraciones de averiguaciones en curso de distintos temas. En el caso de Lozoya, ha dejado constancia de haber adelantado procedimientos legales, a partir del conocimiento que tenía –no se explican de otra forma sus afirmaciones–, del expediente en manos de la Fiscalía General, que no deja de decir que es autónoma, aunque cada vez queda más de manifiesto que la línea de independencia de Gertz Manero, se estira y achica en función de los intereses de Palacio Nacional.
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