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El exceso es el mensaje. Nada como la desproporción para dejar establecido que oponerse y resistir trae consecuencias irreparables, así se haga ejerciendo facultades legales, recurran a las instituciones y sean personas prestigiadas. La voluntad presidencial es tan incontestable como implacable y más vale que los demás pongan sus barbas a remojar porque, a falta de delitos, se fabrican.

Si científicos, académicos e investigadores son tratados como criminales peligrosos y encerrados en un penal de alta seguridad en lo que se determina su probable responsabilidad en acusaciones delirantes, nadie estaría a salvo de la revancha represiva del régimen.

Lo que no perdona el Presidente a los miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) es que se hayan opuesto a sus políticas regresivas en la materia, conflicto que llegó a instancias judiciales. La autonofobia y centralización del poder que caracteriza a la actual administración ha sido implementada por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien incumplió la ley para dejar sin recursos al organismo, el cual no está dispuesto a avalar el desprecio a la ciencia que se verifica con el castigo presupuestal —para 2022 se propone 36.5% menos en términos reales que lo ejercido en 2015— ni su control político e ideológico.

La SCJN determinó que las transferencias de dinero público al FCCyT, desde su creación en 2002 hasta que cambió el Estatuto del Conacyt a fines de 2019 fueron legales. Eso es lo que obvia la FGR al acusar a los 31 científicos de delincuencia organizada, asociación delictuosa, uso de recursos de procedencia ilícita y peculado; delitos graves que ameritan prisión oficiosa y, además, pretenden que sea cumplida en Almoloya, donde se encuentran los peores delincuentes del país.

El fiscal Alejandro Gertz Manero tiene en el asunto un conflicto de interés al arremeter contra quienes se han opuesto a la gestión de Álvarez-Buylla, pues ésta operó para la creación de una comisión ad hoc que recientemente le otorgó el nivel III del SNI, algo que en anteriores ocasiones se le había negado, entre otras razones, porque su obra presentada no es original y tiene vicios de plagio, tal y como lo documentó Guillermo Sheridan.

Ahora bien, aunque es pública la persecución contra quienes fueron su familia política durante 50 años, así como la intromisión de la FGR en el conflicto de la UDLAP, donde también tenía un litigio antes de asumir el cargo, sería un error pensar que la participación de Gertz Manero en este caso se reduce a un asunto personal. El elocuente respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador a las pesquisas contra los científicos hizo evidente de dónde vino la orden.

López Obrador echó andar su maquinaria de propaganda para desprestigiar moralmente a los señalados, presentándolos como privilegiados que despilfarraron recursos sin más prueba que una nota elaborada por su antagonista, Álvarez-Buylla, en la que los estigmatiza por tener choferes, celulares y hacer viajes para cumplir sus funciones. Quien vive en Palacio Nacional les reprocha que hayan adquirido una casa en Coyoacán y no en Iztapalapa, sin reparar que ése y los demás gastos ya fueron auditados.

Para tratar de manipular a la opinión pública contra los científicos que han recibido innumerables muestras de solidaridad, el mandatario llegó al extremo de responsabilizarlos por los insultos dirigidos a su esposa en un tuit proveniente de una cuenta no verificada a nombre de alguien que ni siquiera está entre los 31 acusados.

El Presidente no oculta su hostilidad hacia la clase media ilustrada, la responsabiliza de las derrotas de su partido en CDMX y en múltiples ocasiones ha predicado contra los “aspiracionistas” que tienen grados académicos y estudiaron en el extranjero. A ellos no puede comprarles el voto, pero quiere dejar en claro que los puede meter a la cárcel. Intimidación que atenta contra la libertad de investigación y el derecho a pensar distinto.

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