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Los hospitales de Tijuana abrumados por pacientes con coronavirus se encuentran en el exterior del Hospital General Regional No. 20 del IMSS. La gente con máscara espera fuera del hospital. (Alejandro Tamayo/Alejandro Tamayo/The San Diego Union Tribune)

La pandemia del coronavirus tomó a México y a Estados Unidos por sorpresa. Veinticinco años de negociaciones de dos acuerdos comerciales y relaciones estratégicas durante un cuarto de siglo, no previeron lo que ahora los abruma: cómo evitar que las cadenas de valor se quiebren y que los suministros en la región de Norteamérica se mantengan fluidos en todas las empresas esenciales para la economía, la salud y la defensa. Los dos países están tratando de homologar criterios, pero México debe impedir que le pase la aplanadora encima y que su reapertura económica sea en los términos pedidos por Washington.

La carta de más de una decena de senadoras y senadores al secretario de Estado, Mike Pompeo, para que inste al gobierno mexicano a armonizar criterios para evitar la disrupción de las cadenas de valor, es parte de las presiones políticas y económicas a los dos países. Coincide con la intensa labor de cabildeo que han hecho representantes de las empresas en la Ciudad de México y Washington, en las secretarías de Estado y las embajadas, para incorporar sus sectores y productos en la lista de ”empresas esenciales’ que tienen que reabrirse durante los próximos dos meses en los dos países.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue advertido de ello cuando comenzaron las presiones estadounidenses, pero en México apenas empezaban a registrarse los primeros contagios del Covid-19 y su atención estaba en otros temas.

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, le propuso en febrero que más allá de la relación institucional entre los dos gobiernos, encabezada por las cancillerías, nombrara un enlace (liasion) con la Casa Blanca para fortalecer un vínculo político sin intermediarios con el presidente Donald Trump. López Obrador ignoró la propuesta.

Tampoco le prestó atención al tema de las cadenas de suministro cuando empezaron a quejarse las empresas de medidas extremas de varios gobiernos estatales, en particular los de Claudia Pavlovich en Sonora, y de Jaime Bonilla de Baja California. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuvieron que intervenir con Bonilla para explicarle el conflicto que estaba generando con su acción.

Los cabilderos de las empresas multiplicaron sus visitas a las secretarías de Estado en México para empujar sus intereses, por lo que López Obrador giró la instrucción que se comenzara a tratar el tema, pero únicamente a nivel gobierno. No hablarían con nadie salvo con el gobierno de Trump, y le encargó a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que tomara contacto con el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, a quien conoció durante las negociaciones del acuerdo comercial. Márquez le pidió a Lighthizer que le dijeran cuáles eran, específicamente, los sectores estratégicos de Estados Unidos, pero es la fecha que no hay precisión sobre esto.

México entró a esa negociación con un déficit, porque desde el 12 febrero, con la pandemia encima, Trump firmó una orden ejecutiva para fortalecer “la resistencia nacional”, que pasó de noche en el despacho presidencial de Palacio Nacional. La tarea recayó en el Departamento de Seguridad Interna, cuya Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura produjo una Guía sobre la Fuerza de Trabajo Esencial de Infraestructura Crítica, el 19 de marzo, y la refrendó el pasado 17 de abril, sin haberla conciliado o consultado con México.

Más información en: El Financiero

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