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Foto: lopezobrador.org

Sigo, esta semana, con los resultados de las auditorías al gobierno de López Obrador en 2019, elaboradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Toca, en esta ocasión, hablar de otro programa social insignia de esta administración: Sembrando Vida (SV).

Sembrando Vida es un programa social dirigido a las familias de campesinos de las regiones de mayor pobreza del país. Se trata de otorgarles un ingreso de cinco mil pesos mensuales para que siembren árboles frutales y maderables en sus comunidades y, así, crear empleos y evitar la migración a las ciudades.

La población objetivo es de hasta 400 mil campesinos en 19 estados. Además del dinero, los beneficiarios recibirían las plantas de viveros comunitarios y unidades de producción. También acompañamiento técnico, talleres y cursos de capacitación y un programa de fomento para el ahorro. Para tal efecto, se presupuestaron 15 mil millones de pesos en 2019, de los cuales se ejercieron 14 mil 648 millones.

¿Qué problemas encontró la Auditoría Superior de la Federación en la ejecución de Sembrando Vida?

Resumo y gloso los resultados de las dos auditorías, una de cumplimiento y otra de desempeño, de este programa cuya implementación está a cargo de la Secretaría de Bienestar (SB).

SV comenzó en ocho estados: Campeche, Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Ahí se establecieron 70 campos de cultivo. La ASF encontró que sólo en 37 (el 53  por ciento) había un padrón de beneficiarios completo. En los 33 restantes no se tenía la información supuestamente obligatoria. Así que no sabemos, bien a bien, quién recibió los apoyos.

Según la SB, se pagaron dos millones 311 apoyos económicos a campesinos en beneficio de 243 mil sujetos agrarios. No todos recibieron sus doce mensualidades.

En cuanto a los recursos que se erogaron para sistemas de agua y transporte de las plantas, la ASF tampoco encontró los criterios o parámetros para repartir los montos a cada beneficiario.

Supuestamente, en cada campo se establecería un Comité de Contraloría Social, que vigilaría la ejecución del programa. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación halló que sólo se establecieron estos comités en siete por ciento de las localidades.

Sembrando Vida presentó varios problemas de ejecución. Así lo resume la ASF: “se benefició a sujetos de derecho que no cumplieron los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en los lineamientos de operación del programa; se otorgaron apoyos económicos por un monto inferior al establecido en las reglas de operación del programa; se dispersaron recursos a los beneficiarios hasta con 11 meses de atraso, cuando debían ser entregados de manera mensual; no acreditó el numero de sujetos agrarios que fueron beneficiados con apoyos en especie, ni el acompañamiento técnico ni la formación permanente que recibieron para generar conocimiento sobre el establecimiento, desarrollo de sistemas agroforestales y para el fortalecimiento de la organización comunitaria; ni sustentó de qué manera contribuyó a lograr que los sujetos agrarios en localidades rurales con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural contaran con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra; además, no se especificó la temporalidad en la entrega de los apoyos”.

En un muestreo, la Auditoría Superior de la Federación encontró que a 737 beneficiarios les dieron un monto superior de dinero al que tenían derecho (cinco mil pesos mensuales). A 61 personas les otorgaron apoyos sin acreditar que pertenecen a la población objetivo (campesinos de comunidades pobres). A 896 individuos les entregaron dinero, pero no se encuentran como beneficiarios del programa.

Asimismo, la ASF encontró probables daños o perjuicios al erario por varias razones. Para operar Sembrando Vida, la Secretaría de Bienestar utilizó a Bansefi como institución financiera. Resulta que 75 mil entregas en efectivo a 61 mil 602 beneficiarios se hizo sin documentación que acredite que efectivamente se realizó la entrega de los recursos. El posible daño podría ser de 338 millones de pesos. Otros 224 millones de retiros realizados por Bansefi se llevaron a cabo sin la documentación de que la SB lo haya instruido.

En suma, otro caso más de errores y omisiones en uno de los programas sociales insignia de este gobierno. Lástima que el presidente López Obrador, en lugar de admitirlos y corregirlos, se escude en la simplona respuesta del “yo tengo otros datos”.

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