Hay que decirlo con claridad: En Baja California se está atentando en contra de la democracia mexicana. Se ha fraguado – y continúa – un golpe devastador para las instituciones y para el Estado de Derecho de la entidad y del país. Una artimaña inconstitucional que se articuló para ampliar el mandato del gobernador electo.
Lo primero que debemos entender es que la ampliación de plazo es contraria a la ley vigente y a las normas aprobadas para el proceso electoral que concluyó. Como parte de la armonización legislativa que se ordenó en la reforma electoral de 2014, el Congreso estatal emitió el Decreto 112, el cual sincronizaba la fecha de sus comicios locales con el proceso electoral federal de 2021. Esa fecha y el periodo constitucional del mandato ya no podían modificarse. Se violaron los principios de legalidad y de certeza: desde el momento en que se publicó la convocatoria a las referidas elecciones, se estableció un mandato para el periodo del 1° de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021 (https://is.gd/mqGAhu).
El Congreso de la entidad decidió cambiar las reglas, después de realizada la jornada electoral. Decidieron que “era mejor” que el gobernador electo durará 5 años y que las próximas elecciones se empataran con las elecciones federales de 2024.
Peor aún. Cuando se desencadenó la marea de críticas de experta/os, académicos, oposición y medios de comunicación, la Legislatura que aprobó la reforma, la dejó en la congeladora y decidió que la siguiente Legislatura concluyera el trabajo sucio. La nueva legislatura tuvo una idea igual de “brillante” que sus antecesora: ahora, someter dicha decisión una consulta ciudadana, igual de I-L-E-G-A-L.
El punto de acuerdo publicado el 21 de agosto, señala que “la finalidad de esta consulta es la de dotar de una mayor legitimidad democrática a la ampliación del mandato”. Sin embargo, contrario a estándares internacionales de buenas prácticas para la democracia directa, decidieron que la propia legislatura organizaría dicha “consulta”, con aportaciones voluntarias de los diversos representantes populares, militantes de distintos partidos políticos, grupos de la sociedad civil, y todo aquel que desee participar en este procedimiento.
Lo primero que se debe decir es que, según los estándares internacionales como el Consejo de Europa, a través de su órgano consultivo, la Comisión de Venecia, y de la OEA, lo primero que debe tener una consulta es base legal; ésta no la tiene. Resulta que ni la Constitución, ni la ley de la materia en Baja California tiene regulada la “consulta ciudadana”. En cambio, sí contemplan el plebiscito, el referéndum y la consulta popular. Aquí surge la duda: ¿Por qué no sujetarse, en su caso, a las reglas? El engaño radica en que aprobaron nuevas reglas para una consulta ciudadana.
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