Este lunes ocurrió una falla en el sistema eléctrico nacional que dejó a más de diez millones de usuarios, más de una cuarta parte del total nacional, sin electricidad por alrededor de una hora y media. Entre las entidades afectadas se encuentran la Ciudad de México, el Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
No puede decirse que se trata de un episodio aislado: tan sólo en 2019 se registraron cuatro apagones, tres de ellos afectando a Yucatán y Quintana Roo. Las razones de este apagón aún están por esclarecerse y las primeras explicaciones ofrecidas por la Comisión Federal de Electricidad han sido contradictorias.
Según expertos en el tema, esta falla no tuvo que ver con un problema de generación de electricidad, toda vez que esta época del año no es la de mayor demanda, sino con la red de transmisión, misma que corresponde exclusivamente al Estado mexicano. En los meses recientes se han cancelado licitaciones en curso, por lo que no sorprendería que la red presente problemas de mantenimiento.
El gobierno federal, en voz del Presidente mismo, pero también de Manuel Bartlett, titular de la CFE, ha manifestado repetidamente en lo que va del sexenio que parte del problema tiene que ver con la participación privada en la generación de electricidad y, por otro lado, con las así llamadas fuentes de energía renovables —tales como la solar y eólica—.
Según el marco legal vigente, México cuenta con dos mecanismos para aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica: las subastas organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) —que hasta hace poco han servido a usuarios pequeños y medianos— y, por otro lado, el mercado eléctrico donde participan grandes generadores y compradores.
El gobierno ha suspendido las subastas y, más recientemente, varios permisos de generación de electricidad a empresas privadas. Toda vez que todos estos proyectos implican fuertes inversiones de largo plazo, esta reducción en la capacidad de generación de electricidad puede tener consecuencias importantes.
Si la demanda de electricidad recupera sus ritmos históricos de crecimiento —mismos que se vieron disminuidos por la recesión pandémica de este año—, será muy difícil que el sistema pueda satisfacer la demanda en el mediano plazo, es decir, tan pronto como 2022. Una consecuencia previsible de esto es obvia: podrá haber apagones generales o parciales.
Por otro lado, vale la pena recordar que el costo de generación de electricidad basado en combustóleo o carbón es varias veces mayor a los costos conseguidos mediante el mecanismo de subastas. Por lo tanto, una segunda consecuencia de sustituir fuentes de energía renovables por fuentes no renovables como el combustóleo —tal y como ha estado ocurriendo en este gobierno— es que el costo de generación de electricidad tenderá a aumentar, con un consecuente impacto potencial en los hogares y en la competitividad de la economía en general.
¿De dónde viene la apuesta gubernamental por limitar la generación privada de electricidad y privilegiar la generación basada en combustóleo? Si bien una parte de la explicación puede ser ideológica, otra puede tener que ver con un intento por transferir mayores recursos tanto a Pemex como a la CFE.
En opinión de Víctor Ramírez, experto en la materia: “la política energética del gobierno está basada en mantener a los hidrocarburos como centro del sector energético y base fiscal. (…) Tal parece que en realidad lo que hay es un proyecto de aprovechar la infraestructura de CFE, incluso traer a operación generadoras viejas y poco eficientes al costo que sea. De hecho, la CFE ha invertido casi 25 mil millones de pesos en recuperar capacidad de generación, bajo el pretexto de la confiabilidad del sistema. Sin embargo, el Cenace reportó que las generadoras de la CFE tenían cada vez más salidas no programadas de operación, lo cual disminuye su uso como factor de confiabilidad”.
“El problema en México no es el carbón, sino los hidrocarburos. Sólo nuestro país prevé frenar las fuentes renovables, lo que tendrá dos efectos: caerá la competitividad por no usar generadores baratos y nos hará acreedores a barreras arancelarias por incumplir los compromisos en la lucha contra el cambio climático. Y ya no digamos los efectos del cambio climático”. La intransigencia tiene costos sociales, y ya lo estamos viendo.
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