miércoles 24 abril 2024

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por etcétera

Va más de un centenar de veces que el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona la reelección en su conferencia mañanera, en promedio, una vez por semana. Y aunque siempre dice que se jubilará en 2024, la reiteración del tema es manifiesta.

El mandatario asegura que no es “partidario de la reelección”, pero debe recordarse que lo mismo sostenía el general Porfirio Díaz, quien ascendió al poder en 1877, después de sublevarse en dos ocasiones por ese motivo, la primera en 1871, luego de la reelección de Benito Juárez, y la segunda, en 1876, por la de Sebastián Lerdo de Tejada. “¡Viva Porfirio Díaz! ¡Muera la reelección!”, fue el lema del Plan de la Noria, con el que se alzó Díaz luego de las elecciones del verano de 1871, en las que había competido contra Juárez y Lerdo y en las que los opositores se quejaron de un fraude electoral.

“La reelección de Juárez pone en peligro las instituciones nacionales, ya que el Congreso y la Suprema Corte se convirtieron en nuevos instrumentos del Ejecutivo al igual que las autoridades de algunos estados”, proclamó el militar oaxaqueño, quien contaba con prestigio por haber derrotado a los invasores franceses en Puebla en la batalla del 2 de abril de 1867.

Y aunque la inconformidad contra la prolongación del mandato de Juárez provocaba brotes de rebelión en todo el país, éstos se acabaron con la muerte del Presidente, el 18 de julio de 1872. Sin motivo para seguir combatiendo, los alzados se acogieron a la amnistía decretada por Lerdo de Tejada, quien había asumido el poder en su condición de presidente de la Suprema Corte. Sin embargo, cuando Lerdo quiso reelegirse cuatro años después, Porfirio Díaz volvió a levantarse en armas, con el Plan de Tuxtepec. En enero de 1877, derrotadas las fuerzas del gobierno, Lerdo de Tejada se fue al exilio. En elecciones extraordinarias realizadas en la primavera de ese año, en las que sólo se permitió que participaran sus simpatizantes, Díaz ganó la Presidencia de la República y luego modificó la Constitución para prohibir la reelección inmediata.

A fin de ser congruente con la exigencia que lo había llevado al poder, Díaz dejó la Presidencia en 1880, a cargo de su compadre Manuel M. González, pero la retomó en 1884, ya con la intención de perpetuarse en ella. En abril de 1887, cuando se acercaba el final de su cuatrienio, un grupo de diputados del Partido Liberal, entre los que figuraba Guillermo Prieto, presentaron una iniciativa para permitir la reelección sucesiva.

En junio de 1888, luego de ser reelegido Porfirio Díaz, se realizó un desfile por Paseo de la Reforma para celebrarlo. Y se encargó al general José Vicente Villada, militar que derrotó a los franceses en Michoacán y antiguo rival de Díaz, escribir un ensayo a nombre del Partido Liberal para justificar la reelección porfirista. De ese modo, un hombre que se alzó en armas para impugnar el caudillismo juarista, acabó convirtiéndose en aquello que condenaba. Además de 1888, Díaz se reeligió en 1892, 1896, 1900, 1904 y, luego de la reforma constitucional para crear los periodos presidenciales de seis años, en 1910. Esa última reelección provocó el estallido de la Revolución.

El tema no debiera ser motivo de guasa. La última vez que un mandatario se reeligió de manera no consecutiva —Álvaro Obregón, en 1928—, fue asesinado antes de asumir de nuevo el poder. En enero de 1927 se había reformado la Constitución para beneficio de Obregón, restaurando, además, los sexenios presidenciales, abolidos en 1917. La reforma resultaba idéntica a la que había promovido Díaz en 1878. El senador Manuel Carpio, que antes se había pronunciado contra la reelección, la defendió así: “La razón es la necesidad de que el general Obregón desarrolle el programa agrario de la Revolución (…) La labor no ha terminado”.

Si el presidente López Obrador es sincero en decir que no es partidario de la reelección, lo que tendría que hacer es dejar de hablar del tema y no escuchar a los lambiscones. El asunto no es opinable, no está sujeto a su voluntad ni al deseo de nadie más. Desde 1933, la Constitución establece que “quien haya desempeñado el cargo de Presidente de la República (…) en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”. Así dejémosla.

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