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Foto: Quadratin

En respuesta a las acusaciones de corrupción que el Presidente hizo contra el director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Zermeño, resonó ayer el grito de sus compañeros: “¡No estás solo!”.

La escena de respaldo de los médicos al reconocido doctor es la primera que públicamente rechaza un fallo mediático de Palacio.

Porque, en 14 meses, nos hemos acostumbrado a la sospecha que se siembra en esa tribuna del poder y que la alta credibilidad presidencial traduce en la resignada consigna de que “cuando el río suena, agua lleva”.

Ahí nos enteramos que había políticos huachicoleros, cuyos nombres aún desconocemos. Y de los supuestos niños fantasma de las estancias infantiles. Pero todavía nos deben los detalles de eso que dicen era un jugoso negocio.

También en la mañanera nos contaron que el exdirector de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, incurría en conflicto de interés por los negocios de su familia en ese sector. Y aunque la anunciada investigación en su contra quedó en palabrería, esa acusación mediática lo sacó de la CRE.

A eso nos estamos acostumbrando: al relato de los oscuros intereses que saquearon al sector salud y a las invitaciones presidenciales a que sean los periodistas quienes descubran el nombre de los pecadores.

Mientras tanto, las satanizadas farmacéuticas mexicanas corren el riesgo de quebrar, desplazadas por las trasnacionales, ésas que, según los críticos del neoliberalismo, limitan la soberanía de las naciones.

Pero esta semana, ante las críticas de la improvisada puesta en marcha del Insabi y la movilización de los padres de niños con cáncer, el Presidente dobló la apuesta y pasó de la reiterada negación del problema al reparto de culpas.

Sin dejar de escudarse en el argumento de que los medios de comunicación inflan el tema, López Obrador agregó el componente de los directivos médicos corruptos, coludidos desde los hospitales públicos e institutos nacionales con las distribuidoras de los tratamientos para especular con la escasez.

Auxiliado por el subsecretario Hugo López-Gatell, igualmente talentoso en la comunicación y la retórica, el Presidente enriqueció las historias de corrupción con ejemplos espeluznantes, como ése de que las personas que viven con VIH-sida no reciben los medicamentos adecuados porque así ha convenido al negocio farmacéutico. O aquél de que las intervenciones del liquidado Seguro Popular estaban hechas para enriquecer a los rapaces empresarios del ramo.

Fue en medio de este engolosinado relato que, con motivo de la pregunta del corresponsal de la agencia AP, Mark Stevenson –de por qué su pelea no era contra los cárteles de la droga, y sí con los conservadores y la prensa–, el Presidente definió ese martes que en su sexenio “le estamos dando casi el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada”.

E inmediatamente hizo un comentario que traslució la prioridad que para él tiene la persecución de los llamados saqueadores de cuello blanco, en contraposición con la fallida guerra contra el narco de sus antecesores. De la que habló así:

“Forbes ponía a Guzmán Loera en la lista de los 10 más ricos de México y del mundo. (…) Pero las grandes riquezas que se amasaron en el periodo neoliberal, al amparo del poder público, superan con mucho lo que llegó a acumular Guzmán Loera. Era una forma de desviar la atención frente al saqueo que se estaba llevando a cabo”.

Dos días después, como parte de este relato, se dieron las acusaciones contra el doctor Nieto Zermeño, responsabilizándolo del desabasto de medicamentos para los niños con cáncer, debido a supuestos manejos inconfesables con las farmacéuticas.

Esa declaración del jueves 23 representa un momento clave en la capacidad presidencial de construir explicaciones para justificar los tropiezos de su administración, abonando en la narrativa del lastre corruptor que sus antecesores le dejaron.

Sólo que esta vez se topó con el “¡No estás solo!” de los médicos, que así respondieron a la sentencia mediática presidencial, a pesar del comprensible y natural temor a las consecuencias laborales que podría tener esa impugnación.

Es un grito que obliga al Presidente a probar, en serio y a fondo, el denunciado saqueo.

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