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Foto: Cuartoscuro

A cuatro días del periodo extraordinario de sesiones, programado para aprobar la Guardia Nacional, los líderes parlamentarios de Morena lucen confiados. Hacen cuentas favorables para sacar adelante esa institución militar, vértice de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno. Son cuentas alegres que estarían incluyendo los votos de la oposición.

Porque, al tratarse de una reforma constitucional, se necesita de una mayoría calificada, equivalente al 66% de los diputados y de los senadores, es decir, a las dos terceras partes de cada Cámara.

En la Cámara de Diputados, el bloque del presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con 306 curules: 256 de Morena, 30 del PT y 20 del PES. A esa cifra debe anexarse la bancada del PVEM, partido que opera como aliado del gobierno y que en San Lázaro puede ofrecer 11 votos. De manera que, por descontado, el Presidente tendría 317 votos a favor de la reforma que modifica 14 artículos de la Constitución.

Así que en una hipotética sesión a la que asistieran los 500 diputados, el coordinador de Morena, Mario Delgado, necesitaría cabildear el apoyo adicional de 13 diputados de la oposición (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) hasta alcanzar los 330 legisladores a favor.

Y si este miércoles 16 o jueves 17 se aprobara el dictamen que crea la Guardia Nacional en San Lázaro, acto seguido en la Cámara de Senadores, el jefe de la bancada morenista, Ricardo Monreal, tendría que conseguir 8 votos de la oposición para alcanzar la mayoría calificada de 84 legisladores de un total de 128.

Es ahí, en el Senado, donde la suerte de la Guardia Nacional puede convertirse en un momento cardiaco para el gobierno de López Obrador y una experiencia de mucha adrenalina para los representantes del PAN, PRI, PRD, MC y el independiente Emilio Álvarez Icaza.

Porque si bien las bancadas oficiales cuentan con 70 escaños (59 morenos, 6 del PT y 5 del PES) y a éstos habrán de anexarse los 6 del PVEM, los 52 senadores de la oposición tienen potencialmente un poder de veto cuando se trata de reformas constitucionales.

Pero todo indica que, en medio de las duras críticas de la CNDH, la ONU, organizaciones de derechos humanos y académicos al proyecto, la Guardia Nacional será una realidad.

Todo apunta a que los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda, contarán con el aval legislativo y el respaldo político gubernamental, para emprender un nuevo intento de parar, por la vía armada, al crimen organizado.

Lo sucedido esta semana en las audiencias públicas, en la Cámara de Diputados, permite perfilar un escenario favorable para el proyecto presidencial, el cual ayer fue políticamente defendido, ante los legisladores, por los militares del gabinete y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

Hay que reconocer la disposición de los funcionarios para comparecer en este ejercicio y ceder, al menos de palabra, a los reclamos que gobernadores y alcaldes hicieron para que el mando de la Guardia sea transitoriamente militar y se fortalezcan las policías locales.

Quedan para el registro del debate las reflexiones ahí compartidas.

“La guardia nacional en la Constitución, pero sobre todo subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional es un error mayor a los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, cuestionó el panista Javier Corral, gobernador de Chihuahua.

La petición del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de MC, fue clara: “Lo único que pedimos, es que nuestra voz sea tomada en cuenta”.

Alcaldes y legisladores de Morena defendieron la propuesta presidencial bajo el argumento de que ahora las cosas serán distintas en las Fuerzas Armadas, porque su comandante en jefe es un Presidente honesto.

La réplica que sobre ese acto de fe expuso Alejando Madrazo (CIDE) ilustra las advertencias que estudiosos del tema dejaron en San Lázaro sobre el poder político que por la vía de la Guardia Nacional podría tomar el Ejército.

“La Constitución no se diseña para un hombre, se diseña para un país, y deben de pensar en qué va a pasar en la siguiente elección, a menos de que sean tan soberbios que creen que nunca van a perder una elección o nunca se va a morir su líder político”, expuso el académico.

Esa advertencia será retomada en el debate de la próxima semana por los legisladores de la oposición que alertan sobre los riesgos de un creciente poder militar: Martha Tagle (MC), los panistas Damián Zepeda, Adriana Dávila, Juan Carlos Romero Hicks y Xóchitl Gálvez y el perredista Miguel Mancera, entre otros.

Más información en: Excélsior

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