Aunque faltan muchos meses para que la autoridad electoral empiece sus trabajos, es innegable que el proceso electoral del 2021 arrancó esta semana y lo hizo no en los mejores términos ni con los más buenos augurios. Todo lo contrario. Hay en el ambiente político nubarrones que presagian tormentas cuando lo que se necesita en estos tiempos es certidumbre y estabilidad.
No podemos olvidar que, durante muchos años, las elecciones fueron sinónimo de conflicto. El gobierno se apertrechaba en el poder, intimidaba o coptaba a los disidentes y disponía del presupuesto para hacer ganar sus candidatos. Si le faltaban votos, recurría a prácticas más autoritarias, como el robo de urnas, la compra de representantes en las mesas receptoras o la manipulación de resultados. El gobierno entonces, funcionaba como una maquinaria que todo el tiempo estaba dedicada a un solo objetivo: ganar la siguiente elección.
Por eso, durante muchos años, la exigencia de la oposición fue que la competencia electoral tuviera reglas claras para todos los actores, empezando por un árbitro que hiciera su función de manera imparcial. La creación del Instituto Nacional Electoral (INE) hace 30 años, fue el principio de un gran esfuerzo colectivo por desterrar una época en la que México era visto en el mundo como una “dictadura perfecta.
La democracia, que es también como un virus, poco a poco fue extendiéndose y se fueron generalizando sus valores, en la sociedad y en las instituciones. No es que llegamos a ella, en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas o en 2000 con Vicente Fox y entonces todo cambió para siempre. La democracia no funciona como objetivo o meta, porque su naturaleza es humana y por tanto dinámica. Hay que actualizarla, vigorizarla y adaptarla a la circunstancia de todos los días, pero respetando siempre sus principios.
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