Tras el sismo del 19 de septiembre, diversos partidos políticos ofrecieron destinar parte de sus prerrogativas a los daminificados. El INE comunicó a éstos que no era legal que ellos entregaran directamente los recursos y se les señaló que el mecanismo idóneo consistía en la devolución del financiamiento a la Tesorería de la Federación. Los partidos políticos no son parte de la beneficiencia, buscan el poder político, por lo que llevar dinero o cualquier material a la gente se considera en la ley una dádiva, lo que está expresamente prohibido por el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el caso que nos ocupa, el pasado 20 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador informó a través de un video en redes sociales que Morena apoyaría a los damnificados y, para ese fin, anunció la constitución de un fideicomiso. Tres días después, el Consejo Nacional de Morena tomó la decisión de crear el fideicomiso y destinar 50 por ciento de su presupuesto de campaña para apoyar a las víctimas de los sismos, e instruyó a los funcionarios públicos y legisladores del partido donar la mitad de su salario para el mismo fin.
El 25 de septiembre el Fideicomiso Por los demás, con número 73803, quedó constituido en Banca Afirme. Esto sería anunciado a través del boletín (017-285) de Morena del 3 de octubre del año pasado.
En diversas ocasiones, quien fuera dirigente y luego candidato presidencial de Morena anunció los avances en la operación del fideicomiso. Una fue durante el primer debate de abanerados a la Presidencia, lo que propició la queja del PRI, que solicitó al INE indagar si Morena destinó financiamiento público al fideicomiso, así como si se incurrió en fraude a la ley por la utilización del instrumento señalado para evadir las disposiciones constitucionales sobre financiamiento público y privado para los partidos. De lo reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, así como del análisis a las cuentas del partido político y del fideicomiso, quedó descartado que Morena utilizara su financiamiento público para nutrir dicho fideicomiso.
Sin embargo, en el análisis de Por los demás, esta autoridad sí detectó fuertes irregularidades. Para empezar, es claro que el fideicomiso no nació entre particulares ajenos a Morena, sino que se trató de una iniciativa de su dirigencia ratificada por el máximo órgano colegiado de decisión, su Consejo Nacional. Además, cuatro de las seis personas integrantes del Comité Técnico del fideicomiso corresponden a los nombres anunciados por el líder del partido y todos guardan estrechos vínculos con Morena, pues han tenido acceso a cargos de elección popular postulados por el partido o forman parte de sus órganos de dirección. Por si fuera poco, el domicilio registrado del fideicomiso es el mismo que tiene la sede nacional de Morena en la colonia Viaducto Piedad en Ciudad de México. Así, el fideicomiso es creación directa del partido y operado por sus dirigentes, no hay duda de ello.
Valga apuntar también que de los 58 aportantes identificados como fideicomitentes, adherentes 49 de ellos, 84 por ciento son legisladores de Morena.
En lo que toca a la operación del fideicomiso, entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018 ingresaron 78.8 millones de pesos, de los cuales 44.4 millones, 56 por ciento de los recursos, fueron atípicos depósitos en efectivo, lo cual estaba incluso prohibido desde la celebración del contrato del fideicomiso, por lo que esos recursos debían haber sido rechazados. En vez de ello, el Comité Técnico asignó esas cifras entre los fideicomitentes, es decir, hicieron suyo ese dinero de origen desconocido y dispusieron de él.
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