Joyeria de plata mexicana para cautivar

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Foto: Milenio

Destrozaron la economía por falta de estrategia ante la pandemia y mandan, este año, a 20 millones de mexicanos a vivir por debajo de la línea de la pobreza y 12 millones se han quedado sin empleo ni ingresos.

El problema social en el país es de pronóstico reservado y la respuesta que impulsa Morena en la Ciudad de México es destruir la confianza en el ramo inmobiliario, la intervención del Estado en la propiedad privada, y dejar desprotegido al propietario de un departamento que renta para completar sus ingresos.

Morena no tiene más ideas que castigar a la iniciativa privada para hacer frente a una tormenta que los gobernantes han transformado en huracán categoría cinco.

En el Congreso de la Ciudad de México se afina un proyecto de ley en el que se plasma que los contratos de renta, para ser exigibles, deben tener cuando menos tres años de antigüedad.

Lo anterior significa rentas congeladas por tres años para los nuevos contratos.

Al propietario se le prohíbe pedir meses de garantía y queda también proscrita la figura del fiador.

Si por alguna razón el arrendador perdió el contrato, o se lo roban, no podrá actuar legalmente contra un moroso, ni exigir el pago de meses vencidos ni solicitar la orden de desalojo en caso de incumplimiento o no pago.

Como ha explicado ampliamente el exprocurador general de la República Ignacio Morales Lechuga, de nueva cuenta toda la protección se vuelva al que incumple y se deja en el desamparo al que sí cumple.

Martha Ávila, coordinadora de Morena en el congreso de la CDMX, expuso que se trata de “garantizar, frente a la pandemia, el derecho de las familias que arriendan el inmueble que habitan”.

Desde luego la situación es muy crítica y lo será más. Ya está en el Código Civil que las personas que por razones ajenas a su voluntad no puedan pagar su renta, tienen la alternativa de solicitar una reducción con el propietario, como un acuerdo entre particulares.

En caso de no haber acuerdo entre las partes, el diferendo se lleva ante un juez. Y si el proceso se considera demasiado lento está la figura del mediador, estipulado en el Código de Procedimientos Civiles.

Pero que el gobierno congele rentas por tres años es un golpe a la propiedad privada.

Que prohíba la exigencia de un fiador y un depósito a manera de fianza, es despojar de defensa al propietario.

Si por alguna razón –robo, por ejemplo– el propietario no puede exhibir físicamente el contrato, pierde los derechos sobre su inmueble, es legalizar el despojo.

Otra vez Morena contra la propiedad privada en la Ciudad de México.

Más información: https://bit.ly/38ZaGIs

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