El mundo está observando con mucho cuidado lo que hace México en materia de combate al crimen organizado. Existe, ya, un nuevo nivel de desconfianza entre los países debido al problema de la inseguridad. Desconfianza que llega, en algunos casos, a niveles de considerar que existe una activa convivencia entre sectores del aparato de seguridad con los principales cárteles en México.
Es un hecho que la liberación del general Cienfuegos significó, en los hechos, otorgar una escritura de impunidad al exsecretario de la Defensa. Para algunos observadores extranjeros esto significa que en los “más altos niveles” del Estado mexicano existe un mecanismo de conciliación con el crimen organizado, de forma funcional. Nadie ha olvidado la liberación de Ovidio Guzmán.
En un reciente reporte del Congreso de los Estados Unidos denominado El tráfico de droga desde México y las Operaciones de los Cárteles durante covid-19, fechado el 15 de diciembre de 2020, se constatan tendencias preocupantes debido a la liberación de Cienfuegos, la nueva legislación destinada a supervisar a agentes extranjeros que operan en México, la petición de extradición de Genaro García Luna y el notable incremento en la exportación de droga de México a Estados Unidos a pesar de la pandemia de covid 19. Al combinar estos factores, se confirman dudas graves acerca de la capacidad del Estado mexicano por mantener el control sobre su propio territorio.
En septiembre pasado el presidente Trump dijo: “Son (los cárteles) una clara amenaza a México y cuestionan la capacidad del gobierno mexicano para ejercer un control efectivo sobre su propio territorio”.
El mismo documento redactado para informar a legisladores estadunidenses sobre la situación reinante en México, enfatiza que los homicidios relacionados al narcotráfico y la violencia que provoca, está en niveles nunca vistos antes.
El 22 de diciembre, casi una semana después de haberse conocido el informe del Congreso de Estados Unidos, el periódico The Washington Post publicó un extenso artículo sobre el actuar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la crisis de seguridad en México y lo que denomina “el empoderamiento de las Fuerzas Armadas” en México. Ese periódico señala que López Obrador ha entregado grandes franjas de la economía y la administración pública al mando del Ejército. Hoy maneja la construcción de aeropuertos, trenes, bancos y controla las aduanas y puertos marítimos del país, además de recoger sargazo y transportar pipas con gasolina. Además, debe combatir al crimen organizado.
De ahí su tesis de que el empoderamiento del Ejército en tiempos de crisis de seguridad es una mala idea.
Advierte el periódico que el involucramiento del Ejército en tantas actividades económicas lo acerca inevitablemente a la corrupción. Habla de que el Presidente quiere “comprar” el apoyo del Ejército a favor de su modelo político con proyectos que implican la ampliación histórica de las partidas presupuestales entregadas a los mandos militares, sin rendición de cuentas. Pero ese involucramiento obliga al Ejército a interactuar con múltiples fuerzas económicas, notablemente con empresas vinculadas al narcotráfico, especialmente en el ramo de la construcción, el abasto de materiales y transporte. El modelo obradorista de cooptación de las Fuerzas Armadas corre el riesgo de crear un nuevo, y poderoso, actor en el vasto mundo de la corrupción en México. Y puede crear peligrosos vínculos de asociación entre el Ejército y el crimen organizado.
Dos miradas desde el exterior ven esto: México se aleja del mundo institucional y legal y se acerca peligrosamente al ilegal que destruye sus instituciones democráticas. Ir de ese lugar hacia un Estado fallido es un camino muy corto, pensamos muchos.
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