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Foto: Cuartoscuro

En días pasados, Leo Zuckermann —conductor de Es la Hora de Opinar— preguntaba si los 147 amparos interpuestos contra la suspensión y posterior “inundación” del NAIM y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía son parte de los contrapesos de la sociedad civil o un intento de los poderes fácticos de defender sus intereses.

Aclaro que los amparos no provienen de personas con intereses comerciales o financieros en Texcoco. Los promoventes de los amparos —me cuento entre ellos— son usuarios del aeropuerto, pilotos y pobladores de municipios de Texcoco y Zumpango.

Pero quién los interpone es irrelevante. El artículo 17 de la Constitución otorga a toda persona el derecho “a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes…” y el 107 a interponer amparos individuales y acudir a un recurso de revisión en caso de que les niegue.

Que el litigio estratégico se haya utilizado para defender derechos de minorías vulnerables y con pocos recursos para acudir a la justicia y así provocar transformaciones sociales no quiere decir que no pueda utilizarse para defender otros derechos como el buen uso de los recursos públicos.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad lo utilizó con éxito en el caso del fideicomiso creado por el gobierno de Moreno Valle en Puebla, para financiar infraestructura evadiendo los requisitos para contratar deuda. Se perdió el fondo, pero se reconoció el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. También lo hizo para impugnar el desvío de más de mil millones de pesos por parte de Capufe del Fondo Nacional de Infraestructura. Litigó para que, como lo marca la legislación, se pagara a Banobras el porcentaje de lo recaudado por concepto de cuotas carreteras. Posteriormente, se interpusieron 70 denuncias penales y administrativas a partir de las auditorías forenses de la ASF (Sedesol, UAEM y empresas fantasma) que detectaron daños al erario por más de 30 mdp. Todos estos casos se refieren a actos de la anterior administración. Nadie del hoy gobierno protestó diciendo que se recurría al “uso faccioso de los mecanismos de contrapesos” o que estos litigios fueran “una máscara” o “disfraz” para defender intereses de minorías rapaces.

En los dos primeros casos se hizo para activar mecanismos de contraloría social, mismos que, por cierto, propone AMLO como una de las medidas anticorrupción. En el caso de las 70 denuncias penales, el objetivo fue no dejar en la impunidad asuntos como los de la Estafa Maestra, pues ya se había anunciado el borrón y cuenta nueva, pero con la aclaración de que aquellas investigaciones ya iniciadas seguirían su curso legal.

Más información en: Excélsior

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