No “se avizora” una crisis económica, la crisis ya está entre nosotros, los costos son evidentes y el gobierno federal sigue en una extraña atonía, quizás pensando que las emergencias, económica y sanitaria, nos castigarán, pero, finalmente, pasarán y seguiremos adelante.
Hoy entramos en el día uno del aislamiento social y la economía sigue en caída libre: empresas y plantas industriales comienzan a cerrar, como lo han hecho ya restaurantes, comercios y hoteles, las líneas aéreas están a punto del colapso, al igual que el turismo. Las remesas caerán drásticamente porque los latinos serán de los más afectados por las medidas de aislamiento en los Estados Unidos, mientras que el precio del petróleo apenas cubre el costo de producción.
Ante esto, el fin de semana el gobierno federal insistió, vía redes, en explicar que “El @GobiernoMX afronta la contingencia de salud, cuidando la economía popular: No aumentarán los precios de las gasolinas, la luz o el gas. No aumentaremos impuestos. La pensión para adultos mayores se adelanta un bimestre y mantendremos todos los programas sociales”.
O sea que seguirán como si nada sucediera, cuando el mundo está tomando medidas de todo tipo, sobre todo fiscales y de protección a sus empresas y empleos, para paliar, en lo posible, una crisis que se prevé más profunda que la del 2008, en sus consecuencias inmediatas.
Pero, además, se cometen errores que serían inadmisibles en cualquier momento, pero que son incalificables en medio de una crisis. A través de una consulta popular ilegítima, sin viso alguno de legalidad, se cancela la construcción de una planta cervecera en Mexicali, concluida ya en un 70 por ciento, con una inversión de mil 400 millones de dólares, de los cuales, 900 millones ya habían sido ejercidos y que generaría miles de empleos.
Es como una repetición de lo del aeropuerto de Texcoco, de menor dimensión económica, pero de mayor impacto en los inversionistas: si lo de Texcoco fue una insensatez respecto a una obra construida con recursos públicos, aquí se está violando la seguridad jurídica de una empresa privada que tenía todos los permisos y que ya había invertido sus propios recursos en la construcción de una planta.
El presidente López Obrador utilizó como argumento para respaldar la consulta que él mismo impulsó, que esa era la opinión de la gente y había que respetarla, pero, además, que esas eran decisiones tomadas por el gobierno anterior, como si eso fuera excusa para violar la seguridad jurídica básica que debe tener cualquier inversionista: pueden cambiar los gobiernos, pero su inversión está garantizada por las leyes del Estado mexicano, independientemente de quien gobierne. Nadie se atreverá a invertir millones, menos aún en un escenario de crisis, en un país donde, por una ocurrencia, se puede cancelar una inversión ya realizada y una obra en curso de ser terminada.
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