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FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

Andrés Manuel López Obrador ofreció una y otra vez romper con el pasado y hacer cambios profundos pero nadie podía imaginar que uno de los primeros temas en los que cumpliría de manera drástica su promesa sería en el de la postura del Estado mexicano frente a la migración indocumentada. En un día, tiró a la basura no sólo la tradición de México y la visión tradicional de la izquierda mexicana sino también su postura personal —con la que llegó al gobierno unos meses antes— y aceptó considerar “ilegales” a los migrantes sin papeles, desplegar más de 20 mil militares para detenerlos, recibir en nuestro territorio a miles de personas que ya habían cruzado a Estados Unidos y solicitado asilo para que esperaran en México una resolución, e impedir físicamente que mexicanos y extranjeros cruzaran hacia el país vecino.

El cúmulo de temas de la agenda nacional y el ruido que comienza en las conferencias mañaneras y continúa en los esfuerzos coordinados en redes sociales parecería que hubieran relegado, casi desterrado, el tema de la discusión pública. Pero el asunto es de tal profundidad que seguramente lo perseguirá durante y después de su sexenio.

A finales de septiembre pasó con poca atención pública la denuncia de la política migratoria de este gobierno que hicieron una decena de organizaciones civiles mexicanas e internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Expusieron que la administración lopezobradorista prioriza la detención, deportación y violación de derechos de quienes cruzan sin documentos y tiende a su criminalización al considerarlos un riesgo para la seguridad nacional de México y Estados Unidos.

Advirtieron también que el gobierno mexicano puede incurrir en responsabilidades legales internacionales al aplicar una estrategia de detención sistemática de personas solicitantes de protección, incluidos niños y niñas, y criminalización de las personas y grupos que se organizan para ayudar a los migrantes, que se ha materializado en persecución judicial.

Recordaron que en los últimos meses tres personas murieron cuando estaban bajo custodia de autoridades mexicanas: una niña guatemalteca de 10 años de edad en una estación migratoria en la Ciudad de México, un hombre guatemalteco de 33 años que sufrió un paro cardiaco cuando lo trasladaban agentes migratorios desde una estación en Chiapas, y un hombre haitiano que tras pasar detenido 20 días en la estación Siglo XXI de Tapachula, agonizó toda la noche sin recibir atención médica hasta fallecer. También señalaron que hay denuncias repetidas de maltratos, violencia y agresiones sexuales antes y durante la retención de las personas indocumentadas.

Para estas organizaciones, la excusa de la presión estadounidense no sirve para librar de responsabilidad a México porque se acumulan acciones y omisiones oficiales en la violación de derechos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Red TDT de Organismos Civiles de Derechos Humanos de México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como representantes de asilos y de organizaciones locales promigrantes participaron en la audiencia de la CIDH y solicitaron a ese organismo realizar una visita a México para evaluar la situación. El gobierno mexicano condicionó la visita de la CIDH a que también acuda a varios países centroamericanos para tener una visión amplia del fenómeno migratorio.

Más información: http://bit.ly/311G4jP

 

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