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Foto: Notimex

Como sucede desde la creación del Instituto Federal Electoral hace 30 años, cada sexenio es un tablero de ajustes para el árbitro y las reglas electorales. En cada caso, el alcance del cambio, la reparación o el ajuste fue resultado de lo que el gobierno y los partidos  lograban negociar.

Esta vez, los ánimos desde el poder son de demolición. Y para concretarlos, cuenta con opositores débiles y muchos aliados. Así pudimos constatarlo ayer en la Cámara de Diputados, durante la toma de protesta de los siete integrantes de la Comisión Técnica de Evaluación, responsables de calificar las competencias y probidad de los 390 aspirantes a ocupar cuatro vacantes en el Instituto Nacional Electoral: 135 mujeres y 255 hombres.

Y aunque de sobra conocemos las descalificaciones del presidente López Obrador contra los actuales consejeros, no dejó de ser relevante confirmar que el proyecto electoral de la Cuarta Transformación contiene dinamita.

De entrada, con la postulación de John Ackerman la CNDH no respetó el perfil apartidista y de aprecio al INE que debían acreditar los dos evaluadores que, por ley, le toca proponer en cada renovación de consejeros. El desafío de  Rosario Piedra de enviar como juez del proceso de selección a un ideólogo y cuadro político de Morena resultó comprensible por su militancia en ese partido.

Lo sorprendente fue confirmar cómo los diputados aceptaron la violación de los criterios de imparcialidad que se fijaron para los evaluadores, gracias a que Morena cuenta con el apoyo del PT, PES y PVEM. Es cierto que las bancadas del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano solicitaron una rectificación. Y que anoche las dirigencias del PRD y MC presentaron un juicio electoral contra la CNDH por esa designación.

Sin embargo, con el visto bueno del órgano jurídico de la Cámara y la presencia de todos los partidos, ayer, el controvertido evaluador morenista tomó protesta, junto con Sara Lovera –también propuesta por la CNDH–; los designados por el INAI: Ana Laura Magaloni y José Roldán, y los tres designados por los coordinadores parlamentarios: Blanca Heredia, Silvia Giorguli y Diego Valadés.

En el acto de instalación, resultó significativa la vuelta a la página que públicamente le dio el jefe de la diputación del PRI, René Juárez Cisneros, al debate de si Ackerman cumple o no con la legalidad de la convocatoria. Esta evidencia de cómo el priismo, a la hora de las definiciones controvertidas, prefiere sumarse a la hegemonía de Morena, no sólo debilita a la oposición, sino que, además, marca una pauta que podría volverse tendencia en los futuros temas electorales.

Pero la toma de protesta de los jueces evaluadores que deberán entregar a los diputados 20 finalistas, en cuatro quintetas de candidatos, también evidenció la fuerza del discurso presidencial, ahí representado por Ackerman, de que hay que recuperar la confianza y la legitimidad del árbitro electoral.

Porque si bien la oposición hizo señalamientos sobre la imparcialidad y el profesionalismo del INE, los mensajes de Morena, PT, PES y PVEM respaldaron mayoritariamente la versión del juez morenista que culpa al instituto de haber sido cómplice de acciones fraudulentas en 2006 y 2012 y de haberlo intentado en 2018.

Llamó la atención, en este significativo acto, que también Magaloni y Valadés se adhirieran al diagnóstico de que se necesita un árbitro creíble y que la falta de confianza en éste impide la resolución pacífica, legal y razonada de los conflictos. Ackerman pidió calma a los grupos parlamentarios que lo cuestionaron y les habló de recuperar el espíritu originario de consenso y de pluralidad del Instituto Federal Electoral de 1994 y 1996, el cual se habría roto, según su análisis, con el reparto del Consejo General en 2003, cuando se excluyó a la izquierda.

Se trata de una retórica peligrosa porque al  descalificar a los partidos y a los actores que le dieron sustento al árbitro electoral en los últimos 17 años, el evaluador de la Cuarta Trasformación cae en un sectarismo contrario a la pluralidad prometida.

En abril próximo, con los consejeros electorales definidos, sabremos hasta dónde será conciliable la demolición institucional de tres sexenios –que el discurso oficial impulsa– con la expectativa de reparar el consenso roto.

Porque al final de cuentas, John Ackerman es uno entre siete votos.

Y como dijo ayer la siempre audaz y valiente Sara Lovera, el Comité está integrado por representantes de la sociedad civil que, con sus aportaciones, le abrieron camino al saldo electoral del 2018.

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