La Fundación Proacceso y la empresa Enova han recibido en seis años donativos oficiales por mil 700 millones de pesos, a cambio de la promesa de mejorar los niveles de educación primaria entre los alumnos mexiquenses. Sobre el destino de esos recursos públicos no existen auditorías gubernamentales. Según revela una investigación de dos años realizada por los autores, no hay tampoco evaluaciones que indiquen si esos donativos ocasionaron mejora alguna en el nivel académico de los alumnos: mil 700 millones de pesos después, solo puede hablarse de un exitoso modelo para obtener dinero público sin comprobar resultados ni tener que rendir cuentas
En febrero del 2013, el columnista de The New York Times Thomas Friedman describió con optimismo el futuro de México. Uno de los elementos que habían despertado su entusiasmo fue la existencia de “una masa crítica de jóvenes, innovadores confiados, tratando de solucionar los problemas de México, mejorando y aprovechando la tecnología y la globalización”. Como ejemplo de esa juventud innovadora, Friedman señaló a los fundadores de la empresa Enova, creadora de un programa para niños y adultos pobres que, con una batería de profesores, enseñaba matemáticas y mejoraba habilidades de lectura.
Enova—se presenta como “empresa social”— es una firma mexicana que ha recibido mil 700 millones de pesos en los últimos seis años. Actualmente está formada por tres socios, Moís Cherem, Raúl Maldonado, y Jorge Camil Starr.
La empresa comenzó en 2008 con un pequeño contrato del gobierno del Estado de México para mejorar el diseño y desempeño del portal del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt).
Un año después, el Comecyt le dio otro contrato para implementar cambios a su página de internet, por poco más de seiscientos mil pesos. Es, sin embargo, a partir de 2010 que las transferencias a Enova—siempre a través de un intermediario: la Fundación Proacceso ECO A.C.—, se volvieron millonarias.
Con esas transferencias, el grupo Enova/Proacceso creó en el Estado de México una cadena de escuelas privadas de cómputo formada por 70 sucursales, denominada Red de Innovación y Aprendizaje (RIA), que a pesar de que usan recursos públicos para su instalación, le cobran a los usuarios.
