“El pueblo de México tiene hambre y sed de justicia”, afirma en sus mítines el Presidente de la República, al citar, según cuenta, las palabras de Francisco I. Madero.
Así, Andrés Manuel López Obrador compara los días posteriores a la dictadura de Porfirio Díaz con el momento actual, señalando que aquel reclamo se repite ahora, luego de 36 años de gobiernos neoliberales. Desde esa retórica, el gobierno sólo era un escaparate para los negocios y el tráfico de influencias.
Ayer, en el balance de los dos primeros meses del sexenio, López Obrador dijo que el gobierno había sido “un elefante reumático, con todo respeto a los elefantes, que cuesta mucho empujarlo”. Y remarcó: “(El gobierno) no estaba hecho para el servicio de la sociedad, para el beneficio del pueblo”.
En contraste, el actual gobierno está determinado a impartir esa justicia pendiente con oportunidades para jóvenes, productores del campo y adultos mayores, entre otras medidas. No hay, sin embargo, hasta ahora ninguna señal de que esa justicia se aplique hacia los culpables de lo que el Presidente define como el epicentro de los males mexicanos: la corrupción.
¿Es posible desmentir a los especialistas en el tema, en cuanto a su advertencia de que la impunidad sólo se supera castigando a los culpables? El Presidente se dice seguro de que la corrupción se terminará en su gobierno, y sus colaboradores y legisladores hablan de que esta proeza permitirá un crecimiento que ahora se prevé limitado. Pero sigue pendiente la definición presidencial de si una consulta popular resolverá el castigo a los probables responsables de la corrupción en sexenios pasados.
Lo evidente es que algunos personajes en otros tiempos señalados como traficantes de influencias o beneficiarios del desvío de recursos y de negocios al amparo del poder, se asimilan al proyecto de la 4T y de manera automática quedan liberados de posibles acusaciones. Y bajo el argumento de que las cárceles no alcanzarían si todos los corruptos fueran procesados, el Presidente parece encaminarse al perdón y olvido que él prefiere llamar “punto final”. López Obrador justifica esta especie de amnistía alegando que lo importante es que en su sexenio ya no habrá más corrupción.
El problema de esta oferta presidencial es que, si bien beneficia a integrantes de la clase política, al final es una medida que va en detrimento de la democracia. ¿Por qué? Porque en vez de depurarse internamente, los partidos de oposición se están convirtiendo en espacios de resguardo para sus políticos impresentables.
Porque si, como lo señala el Presidente, el sistema político y de gobierno estaba hecho para robar, entonces sus integrantes serían potencialmente corruptos y juzgables. Pero a falta de claridad sobre cómo se aplicará la justicia en esta materia, supeditada a las definiciones personales del gobernante, se abre la puerta para la prédica juarista: “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas”.
Frente a esta circunstancia en la que la empatía presidencial o la falta de ésta puedan determinar la suerte de quienes incurrieron en alguna modalidad de corrupción –tráfico de influencias o negocios a la medida para facturarle al gobierno, dos de las más comunes o el ahora perseguido robo de combustible–, la oposición se ve sometida al temor de una justicia selectiva.
Eso explica la docilidad de la mayoría de los gobernadores, con sus escasas excepciones: el panista Javier Corral y el emecista Enrique Alfaro. Al miedo de ser sujeto de una investigación por posibles cuentas pendientes –el desvío de recursos para campañas electorales, por ejemplo– debe sumarse el estrecho margen de maniobra del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano frente al liderazgo social de López Obrador y la hegemonía de Morena y sus aliados en los congresos.
Consecuentemente, las causas que la oposición teóricamente debería defender en materia de federalismo, equilibrio y autonomía de poderes o libertades democráticas quedan supeditadas a las preocupaciones de sus alcaldes, gobernadores y de sus propios legisladores, en algunos casos, aun cuando el fuero los protege.
Las muestras de la debilidad de las dirigencias partidistas frente a la presión de los gobiernos locales están ahí.
A pesar de que la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, se define contraria a la Guardia Nacional tal y como está prevista, los diputados cedieron a su creación.
Mientras, en el PAN, su dirigente, Marko Cortés, supeditado a un grupo de gobernadores, designa como coordinador del Senado a Mauricio Kuri, sin el consenso de la bancada.
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