Recomendamos: El cannabis en México. De la prohibición absoluta a una regulación en construcción, por Emiliano Levario Saad

En noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Arturo Zaldívar en el que se declaró que los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud eran inconstitucionales. Esto significó que prohibir actos relacionados con el consumo recreativo del cannabis: sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, fuese declarado inconstitucional (por primera vez). Como escribí a principios de 2016 en la revista Encrucijada, es necesario que la SCJN resuelva en el mismo sentido cinco veces para generar jurisprudencia, lo cual finalmente ocurrió el 31 de octubre de 2018 con la aprobación de dos amparos que al sumarse con los otros tres, obligan a los tribunales del país a otorgar amparos en esta misma dirección y generan presión para modificar los artículos que fueron declarados inconstitucionales.

El papel de México Unido contra la Delincuencia A.C. fue fundamental en este proceso. Armando Santacruz,  Francisco Torres, Lisa Sánchez y Pablo Girault fueron quienes interpusieron la primer demanda de amparo que se resolvió en un sentido favorable para el consumo recreativo del cannabis. No obstante, pasar de la prohibición absoluta a una regulación diferenciada es un tema viejo en el debate público del país que ha sido discutido de manera informal bajo la etiqueta de “legalizar la marihuana” y de manera académica con distintas propuestas de regulación cuyas diferencias resulta imposible detallar en unas cuantas lineas, pero que generalmente versan alrededor de una regulación permisiva o estricta, descentralizada o centralizada, intervencionista o neoclásica, etc.

Las propuestas que recientemente presentaron Miguel Ángel Osorio Chong y Olga Sánchez Cordero en el Senado no se explican como sucesos aislados. Cinco meses después de que la SCJN se pronunciara por primera vez a favor del consumo recreativo del cannabis, el ejecutivo presentó una iniciativa dirigida a permitir el uso medicinal y científico de la marihuana. El dictamen fue aprobado en diciembre de 2016 por el Senado y en abril de 2017 por la Cámara de Diputados. La resolución de la Suprema Corte influyó en el marco regulatorio del cannabis y todo parece indicar que la jurisprudencia recién establecida va a tener un efecto similar. Después de la última resolución de la Suprema Corte, la bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa para permitir el consumo lúdico y despenalizar la posesión personal de marihuana hasta 28 gramos. Sin embargo, la propuesta encabezada por Miguel Angel Osorio Chong fue eclipsada por la de la ex ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero.

En el ensayo original que escribí para la revista del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sostuve que la primer resolución de la Suprema Corte no autorizó actos de comercio, suministro y distribución de cannabis. Es decir, aprobó el consumo de marihuana pero no el medio principal que utilizan los consumidores para obtenerla. Los ciudadanos mexicanos pueden ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad consumiendo marihuana, pero no pueden utilizar este derecho para adquirirla en el mercado. La amplitud con la que se busca respetar este derecho es tan limitada como la posibilidad de adquirir el producto necesario para ejercerlo.

La propuesta de Olga Sánchez es más fuerte que la de Miguel Angel Osorio porque considera las propuestas de la SCJN y llena el vacío regulatorio que éstas no contemplaron en materia de comercio. Esto resulta útil para cumplir de mejor forma con el derecho al libre desarrollo de la personalidad puesto que los ciudadanos son capaces de decidir individualmente si pretenden consumir cualquier droga que no presente riesgos graves para su salud y la de otras personas. No obstante, esto no significa que el proyecto presentado por la senadora esté listo para su aprobación sin antes pasar por un proceso de mejora.

La iniciativa de la senadora contempla expedir una Ley General para la Regulación y Control de Cannabis. Esta propuesta, en general, es similar a la que sostuve en 2016 cuando señalé la necesidad de una Ley General en la materia que acompañara a las reformas y adiciones necesarias para la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de procedimientos Penales. No obstante, las diferencias entre esta propuesta, la que sugerí hace dos años y muchas otras que se han planteado antes en México (y en otros Países), pueden ubicarse en los detalles que brindan identidad a cada uno de estos planteamientos. Las propuestas que desde una visión amplia parecen coincidir, muchas veces llegan a tener diferencias iirreconcilables que son visibles cuando se comparan a fondo. Los temas que tratan, vistos a detalle, llegan a ser tan distintos que no son susceptibles de compararse en lo específico. Se requieren debates profesionales, ciudadanos y académicos para identificar la mejor regulación posible en un ejercicio bastante más complicado que el sugerido por Marcelo Ebrard cuando señaló que habían dos opciones para establecer la regulación mexicana en materia de Cannabis: el Modelo Canadiense o el Modelo Uruguayo.

Se necesita de un Modelo Mexicano, nutrido con los modelos de otros países, sin que esto signifique tener que elegir una de dos opciones. La realidad de las naciones no es tan similar como para poder importar políticas públicas sin adecuaciones. Hay ideas provenientes de otros modelos utilizados en Chile y Países Bajos, por ejemplo, que pueden ser retomadas para el caso mexicano. Artículos periodísticos, especializados, estudios nacionales, regionales, etc, brindan un espectro amplio que no deja de ser manejable y que puede permitir establecer una mejor regulación en materia de marihuana.

Más información: https://bit.ly/2OB2xxM

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