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Foto: Especial

Con el duelo y la incertidumbre de miles de mexicanos como telón de fondo, la desinstitucionalización y el encono toman su lugar en la escena pública.

Familiares de desaparecidos gritan al paso de la caravana del presidente López Obrador en su gira de regreso a la nueva normalidad. Reclaman respuestas.

Y afuera de Palacio Nacional, desde hace dos semanas, un plantón en contra de Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), denunciaba que se han congelado los fondos de apoyo y la asistencia jurídica.

Víctimas de la llamada guerra sucia de los años 70, los inconformes ganaron la batalla. La funcionaria se fue. Pero su carta de renuncia confirmó que más allá de las impugnaciones personales, el austericidio hizo estragos en un espacio que, si nos atenemos a las promesas de campaña, sería referencia del cambio profundo. Y es que el recorte de 75 por ciento del gasto operativo en la administración pública se está traduciendo en parálisis institucional.

A la falta de recursos para sacar adelante el día con día en las oficinas de gobierno se sumó el deseo del Presidente de eliminar a varios organismos que considera irrelevantes, con el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) a la cabeza.

El propósito declarado del mandatario y la renuncia de la directora del Conapred, Mónica Maccise, fueron consecuencia de un hecho que podía haberse quedado en el anecdotario y que, sin embargo, inauguró una nueva y peligrosa conversación pública: los güeritos, los fresas, los fifís, los críticos al gobierno, los supuestamente no discriminados, no tienen derecho a hablar de discriminación.

Nos referimos a la invitación y desinvitación del Conapred a un foro sobre racismo al comediante Chumel Torres, a quien la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez, le reclamó no haberse disculpado por el comentario discriminatorio que tiempo atrás hizo sobre su hijo.

Pero en medio de los peores números de contagio y muerte por la pandemia, ese incidente marcó el debate político de esta semana, escalando una polarización de cuyos riesgos alertó ayer la querida y admirada periodista Katia D’Artigues en su carta de renuncia a la Asamblea Consultiva de Conapred:

“La forma de encarar el clasismo, el racismo, la homofobia, la transfobia, la discafobia y todo tipo de discriminación que vivimos hoy en México no es la venganza a una clase social y a un color de piel. Es el abrazo y la celebración de diferencias (…) La definición del Presidente sobre quién es discriminado y quién no, sobre quiénes pueden, legítimamente —según él—, defender estas causas desde los órganos reducidos del Estado, es un traje que no me queda”.

El politólogo Mauricio Merino también renunció a ese cargo honorario en Conapred:

“La lucha histórica a favor de los derechos humanos y en contra de la discriminación no puede verse minimizada por el arrebato de una persona y mucho menos deben ser desmanteladas (…) Nosotrxs no concebimos la transformación desde la intolerancia”, argumentó el coordinador nacional de esa organización.

El descabezamiento de Conapred y la reiterada descalificación presidencial durante tres días no sólo suscitó la defensa de agencias de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, sino también de legisladores de todas las fuerzas partidistas, destacando el pronunciamiento que hizo la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados que preside Wendy Briceño Zuluaga, de Morena.

Sin estridencia, e incluso escueto, el texto liga tres situaciones en un mismo llamado a la rectificación por parte del Presidente: las renuncias que coincidentemente se dieron este jueves de Mónica Maccise, Mara Gómez y la exsubsecretaria de Salud, Asa Cristina Laurell; el desdén al Conapred y el daño que la falta de presupuesto está generando entre los programas e instancias del llamado Anexo 13 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Las 18 diputadas firmantes se describen profundamente preocupadas por la baja en el gobierno de tres funcionarias comprometidas y preparadas; por los cuestionamientos desde el Ejecutivo a un organismo necesario y que cumple con su encargo, y por la retención de los recursos destinados a cerrar las brechas de desigualdad que nos aquejan.

Es el saldo de una austeridad que descarrila causas y esfuerzos con historia. Es la bitácora de una muy mala semana en la que asesinaron a un juez y a su esposa delante de sus hijas y los padres de los niños con cáncer siguieron reclamando medicamentos.

Es la desinstitucionalización acumulada en la primera cuarta parte del sexenio. La nueva normalidad.

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