viernes 29 marzo 2024

Recomendamos: De estadistas y “politiqueros”, por Francisco Garfias

por etcétera

Una frase atribuida al político alemán Otto von Bismarck dice que un estadista piensa en las próximas generaciones y un político en las próximas elecciones.

El caso de la vacuna contra de la covid-19 me deja claro que el presidente López Obrador es de los que piensan en las próximas elecciones.

La respuesta que dio ayer a los gobernadores aliancistas que buscan participar en la distribución y aplicación de la vacuna, refleja que pretende monopolizar los beneficios de los avances contra la covid-19.

Dijo en su gira por Sonora:

“Estoy seguro que la gente tiene más confianza en que nosotros manejemos lo de la aplicación de las vacunas porque siempre hemos actuado con equidad y con justicia, a que esté la vacuna en manos de politiqueros, de gente irresponsable”.

De nuevo la idea de que él es el camino, la verdad y la vida; la descalificación del que piensa diferente, el abono a la polarización en momentos difíciles que obligan a sumar esfuerzos contra la pandemia y sus devastadores efectos en la salud y los bolsillos de los mexicanos.

No faltó, eso sí, el guiño a los gobernados por la Alianza Federalista.

“Lo que puedo decirles a los ciudadanos de Jalisco, de Chihuahua, de Guanajuato, de los estados donde los gobernadores están en contra de nosotros, es que vamos a actuar como siempre, de manera responsable”, dijo el Presidente.

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La Alianza Federalista reviró a las declaraciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido que la exigencia de los gobernadores rebeldes sobre la distribución de la vacuna tiene tintes político-electorales.

“Es evidente que pretende desviar la atención no sólo de la urgencia de la coordinación, almacenamiento y logística que se requiere para que todos los mexicanos puedan contar con la vacuna, sino además de la manera en que en la Ciudad de México se simula el semáforo de riesgo covid y cómo se mantiene a nuestra gran ciudad capital en una ficción epidemiológica”.

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“A veces da miedo decir las cosas”, admite Carmelo Pastrana Brito, representante de los campesinos de la región de Totonacapan, Veracruz, en un oficio en el que denuncia el “trato injusto que les da personal de Segalmex en la zona.

Dirigido a Miguel Carrillo, director de Precios de Garantía del Programa, el oficio acusa discriminación hacia los campesinos de la región en la compra de maíz.

Dice que Segalmex no sólo no adquiere su producto, sino que también los deja a merced de “compradores leoninos” que les pagan lo que quieren.

Pero ojo, a los coyotes que llevan el grano de otros estados —el oficio habla de tráileres cargados de maíz que llegan de Tamaulipas— sí les pagan el precio de garantía (subsidiado).

“Tenemos jefes de bodegas que cobraban piso como es el caso de —los centros de acopio— Volador y Taracuán, que nunca quisieron comprar maíz, porque no le autorizaba la compra el ingeniero Roberto (no da apellido)”, se lee en el oficio.

Los campesinos le piden a Ramírez su apoyo para que se abran los dos centros de acopio que hay en la región “y con esto apoyar a pequeños productores minifundistas”.

Ya les dijeron que no van a abrir, por andar de “chismosos”, asegura Carmelo.

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Nos cuenta la activista Ana Laura Herrejón, excandidata a diputada local, que su hijo y su nuera asisten a una clínica de terapia, en el sur de la Ciudad de México. Ambos registraron sus respectivos QR.

Ella enfermó de covid y lo reportó a Locatel. Nadie le dio seguimiento. A él nunca lo contactaron para avisarle que estuvo con una persona contagiada.

“La idea no es mala, pero si no funciona no sirve de nada”, comenta Herrejón.

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