A Luis Miguel Barbosa, el primer gobernador de Puebla emanado de las filas de Morena, no le gusta la transparencia ni la rendición de cuentas. Comparte con sus predecesores —los panistas Antonio Gali Fayad y Rafael Moreno Valle, así como el priista Mario Marín Torres— la transparencia en el discurso y la simulación en su cumplimiento. No le gusta, como tampoco le ha gustado a quienes estuvieron antes en la gubernatura, porque la transparencia implica que la ciudadanía tenga acceso a la información necesaria para poder vigilar y fiscalizar al poder.
Una de las preguntas recurrentes de la prensa poblana en las conferencias de prensa mañaneras que Barbosa inició a principios de marzo para informar sobre la evolución de la pandemia en el estado, ha sido sobre la información relativa al gasto destinado a hacerle frente al Covid-19, desde los montos asignados hasta los contratos celebrados. La respuesta, una y otra vez, fue “búsquenlo en la página de transparencia”; pero en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde los estados y entidades de los tres niveles de gobierno están obligados legalmente a REPORTAR LA INFORMACIÓN, O HAY MUY POCO O NO HAY NADA. Por ejemplo, la Secretaría de Salud estatal reporta un solo contrato en el primer trimestre del año. Uno solo.
De hecho, en Puebla, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) ha mantenido, desde marzo pasado, una suspensión general en la atención de las solicitudes de información y la actualización de los portales de transparencia. Bajo este limbo, el gobierno de Puebla no ha reportado los gastos correspondientes al primer trimestre del año a pesar de ser una obligación legal, mientras que ni ciudadanos ni prensa pueden hacer uso de los mecanismos para acceder a la información. Fue hasta que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentó por escrito, de manera presencial —bajo el derecho de petición, pues los sistemas electrónicos están suspendidos— y acompañado por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, una solicitud de información sobre 29 puntos de interés, que el gobernador ordenó a regañadientes subir a internet la información relativa al Covid.
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