Me parece un poco ridículo pensar que todo el informe del GIEI, la colaboración de los expertos independientes (¡lean sus currículum!) y de toda una institución internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —cuyo mandato en México fue aceptado por el gobierno mexicano y su participación renovada hace unos días por 6 meses más—ahora sea, para algunos, la obra-venganza de un solo mexicano: Emilio Álvarez Icaza.
La argumentación de las personas que desacreditan el GIEI va más o menos así: como Álvarez Icaza no fue ómbudsman hace seis años y ni consejero del INE, pues se quiere vengar. ¡Está clarísimo! ¿Qué mejor manera de hacerlo que atacar al país que “lo rechazó” aquí para trabajar? (¿Cómo dice el dicho? Ah, sí… el león cree que todos son de su condición).
Es parte del pensamiento de parte de la clase política que en esto, me parece, está rebasadísima, atrasada. Todo lo que hace alguien —en lo personal o con un grupo— es porque “otro/otra” lo manda; siempre hay intenciones y fuerzas ocultas atrás. Las personas, los ciudadanos como usted o yo, no actuamos por nosotras solas; porque digamos, nos encabronamos o indignamos por no encontrar justicia en México. ¡No vaya usted a pensar eso! Alguien los “echa a andar” (así dicen).
Ayer leía a Ricardo Raphael; tiene un debate epistolar con el embajador Emilio Rabasa, representante ante la OEA (Organización de Estados Americanos) de quien depende, institucionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte (ColDH).
