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Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a terminar proyectos con irregularidades en el proceso de contratación, sobreprecio en su ejecución y cuya legalidad fue cuestionada, según se reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con las revisiones a la Cuenta Pública 2018 dados a conocer este jueves 19 de febrero, proyectos como el Tren Interurbano México-Toluca no sólo tuvieron problemas de sobrecosto, sino también de legalidad, ya que “no se aseguraron los permisos de vía”.

Otros proyectos con irregularidades son los hospitales de especialidades: uno de ellos el de Chetumal y el general de Matamoros, otro sobre los que el presidente se comprometió a terminar durante sus giras por el país.

En estos últimos dos casos se pagaron, al menos, 371.3 millones de pesos, para obras como elevadores, muebles, sanitarios, sin que fueran ocupados.

Apenas el 20 de enero pasado, el jefe del Ejecutivo dijo que ya se terminaron los trabajos del Tren Eléctrico Urbano en la zona de Guadalajara; sin embargo, la ASF señaló que no contaron con apropiada supervisión y que los materiales pagados para los techos de las estaciones fueron de “baja calidad”.

¿Qué pasó con los proyectos?

El pasado 5 de agosto de 2019, Andrés Manuel López Obrador dijo que el compromiso para el Tren Interurbano México-Toluca es terminarlo para 2022, ya que existía coordinación entre el gobierno federal y el mexiquense, de Alfredo del Mazo.

Sin embargo, en la auditoría la ASF señala no sólo sobrecostos por 18 mil 633 millones de pesos, debido “la construcción de la infraestructura, ocasionado por cambios en los trazos originales, problemas sociales, incorporación de técnicas y materiales no previstos”, sino también problemas de legalidad.

La ASF encontró que ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) contaban con una planeación sustentada y no acreditaron la legal posesión de todos los terrenos.

“La SCT y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano continuaron la construcción del Tren Interurbano sin disponer de una planeación sustentada en una visión integrada del territorio y que considerara los efectos regionales y urbanos; además de que la entidad fiscalizada no acreditó la posesión legal y expropiación de todos los terrenos para el desarrollo del proyecto, toda vez que tenía por solventar amparos contra la construcción y juicios por suspensión; y no demostró que la extensión requerida tuviera el cambio de uso de suelo y que se hubieran modificado los derechos de vía conforme con la normativa”.

Sobre la construcción de los Hospitales de Especialidades de Chetumal y General de Matamoros, en los estados de Quintana Roo y Tamaulipas, la ASF encontró, incluso, subcontratación ilegal de empresas.

Más información en: Expansión

 

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