Las policías comunitarias son expresión del fracaso del Estado para imponer la ley y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Nestora Salgado no habría tenido que organizar el cuerpo de seguridad que encabezó en Olinalá si las autoridades en Guerrero y el gobierno federal hubieran podido enfrentar a la delincuencia en esa zona. Luego, la policía comunitaria al mando de esa peculiar mujer cometió abusos que merecieron la apertura de varios procesos judiciales.
Difícilmente se puede considerar que Nestora Salgado es una luchadora social. Encabezó a su comunidad para enfrentar a la delincuencia, recibió apoyo del gobierno de Guerrero y, muy pronto, el personal bajo su responsabilidad, y ella misma de acuerdo con los testimonios disponibles, comenzaron a delinquir.
La violencia en Olinalá, en la difìcilmente accesible y legendariamente pobre Montaña de Guerrero, arreció hacia 2012 con la expansión del grupo denominado Los Rojos que llegó a estar coludido con funcionarios municipales. En octubre de 2012, Salgado y sus seguidores crearon el Consejo Social Olinalteco para encargarse de la vigilancia en esa zona al amparo de las leyes 281 y 701, promulgadas en febrero de 2007 y febrero de 2011, que reconoce a las policías comunitarias en el estado de Guerrero. Más tarde, en abril de 2014, una reforma a la Constitución de esa entidad reconoció derechos de los pueblos indígenas, entre otros la existencia de policías comunitarias o rurales.
La ley 701 fue promulgada por el gobernador Zeferino Torreblanca y no por Ángel Aguirre Rivero como se ha dicho en días recientes. Lo que sí hizo Aguirre fue respaldar a la policía comunitaria de Olinalá. El gobierno estatal, de acuerdo con la misma Salgado, les dio 15 armas R-15, dos camionetas con el logotipo “Policía Comunitaria de Olinalá” y 300 mil pesos.
Las policías comunitarias no deberían existir. Son manejadas por grupos de interés local que toman decisiones a nombre de la comunidad pero, con frecuencia, para defender intereses privados. No están subordinadas a la autoridad estatal ni federal. Pueden representar el sentimiento de los pobladores pero también llegan a convertirse en nuevas fuentes de abusos. Sin embargo el reconocimiento en el Artículo 2o. Constitucional al derecho de las comunidades y pueblos indígenas a resolver sus conflictos internos ha sido tomado como justificación para esas corporaciones.
En Olinalá, la policía encabezada por Nestora Salgado tomó a su cargo el orden, incluyendo la imposición de costumbres y castigos más allá de la ley. A varios menores de edad los recluyó en “casas de justicia” porque iban a fiestas desatendiendo las instrucciones de sus padres. En otros casos cobraba para dejar en libertad a sus detenidos.
A cuatro jovencitas, entre ellas una niña de 11 años y otra de 13, las detuvieron en junio de 2013. Salgado les dijo que estaban detenidas “debido a que se habían ido de parranda sin dar aviso a sus padres” y porque estaban “en malos pasos”. Fueron llevadas a “las Casas de Justicia para ser reeducadas”. A los familiares de una de ellas Salgado les pidió 5 mil pesos para liberarlas. La madre de al menos una esas muchachas había solicitado la ayuda de la policía comunitaria para localizarlas y escarmentarlas.
La Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 29 de febrero de 2016 examina el desempeño de la policía comunitaria de Olinalá, incluyendo excesos que cometió. El pasado miércoles 23 de mayo el escritor Héctor de Mauleón, apoyado en esa Recomendación, publicó en El Universal varios testimonios de los abusos de Nestora Salgado y sus subordinados. El documento de la CNDH reúne muchas otras denuncias.
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