Rechaza Ramírez Cuevas amenazas contra Lydia Cacho; es una represalia por su trabajo, advierte Artículo 19

Foto: Cuartoscuro

El portavoz de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, rechazó las amenazas en contra de la periodista Lydia Cacho y aseguró que las intimidaciones a informadores y activistas de derechos humanos no serán toleradas por el Gobierno de México.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el funcionario reiteró que en la presente administración se garantizará en todo momento la libertad de expresión.

“La libertad de expresión y de información son derechos sagrados y trabajamos para garantizarlos, protegiendo a periodistas y luchando contra la impunidad”, señaló.

Este pronunciamiento se produjo luego de que la organización Artículo 19 exigiera a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República (FGR), en particular a la a Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), hacer lo conducente para garantizar la seguridad y la vida de Lydia Cacho, así como para sancionar a los responsables del allanamiento a su domicilio.

En un comunicado, la agrupación refirió que la tarde del domingo, dos sujetos desconocidos irrumpieron en la casa de la defensora de derechos humanos, ubicada en Puerto Morelos, Quintana Roo; sustrajeron equipo de cómputo y material periodístico altamente sensible, además de que mataron a una perra que custodiaba el domicilio y otra fue envenenada.  Para Artículo 19 se trata de un acto de represalia por su actividad profesional, principalmente sus investigaciones sobre casos de pederastia que datan de hace más de 14 años.

“El allanamiento y la sustracción de material periodístico con información de interés público figuran como elementos intimidatorios que pretenden generar un efecto inhibidor en el activismo, defensa derechos humanos y ejercicio de la libertad de expresión de Lydia Cacho, quien hoy es una referencia a nivel internacional sobre el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos de las mujeres y la niñez”, indica el documento.

Artículo 19 recapituló que los agresores, después de romper los cables de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma. Sustrajeron equipo de trabajo, incluyendo una grabadora de audio, 3 cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil, y 10 discos duros con información de alto interés público relacionada con casos de pederastia y aun cuando la informadora cuente con respaldo de esa información en el extranjero, debe esclarecerse a plenitud lo ocurrido.

“Expertos en seguridad, consultados por la periodista después del allanamiento, aseguran que “iban por ella” y que, afortunadamente, no se encontraba en su hogar”, señala el boletín.

La organización resalta que estos hechos se producen a casi un año del Comité de Derechos Humanos de la ONU y a casi 5 meses de la disculpa pública ofrecida por Estado mexicano en la cual se reconocieron las violaciones a los derechos humanos de la periodista durante la detención arbitraria y tortura de que fue objeto en 2005.

Asimismo, subrayó que como consecuencia del dictamen del CDH de la ONU, el pasado 11 de abril se giraron órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torre y el empresario Kamel Nacify dos personas más por su probable responsabilidad como autores intelectuales por los hechos de tortura en contra de la periodista.

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