El próximo viernes 22 de enero, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, comparecerá ante el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, en calidad de imputado.
Entre otros aspectos, el juez lo interrogará por intentar blanquear dinero presuntamente malversado de las arcas públicas en España.
Al exdigirente del PRI se le investiga por blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal. Según las investigaciones, Moreira habría realizado transferencias por 200 mil euros durante el 2013.
El exgobernador fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto de Barajas por orden de la Fiscalía Anticorrupción. En ese instante fue trasladado a la Audiencia Nacional donde estaba de guardia el juez José de la Mata. Por tratarse de una causa investigada por su compañero declinó interrogar a Moreira, únicamente procedió a preguntarle por su arraigo en España para valorar un posible riesgo de fuga.
La Fiscalía, no obstante, solicitó su ingreso a prisión, petición que concedió el juez por existir el riego de fuga y la posible destrucción de pruebas.
El viernes Moreira tendrá la oportunidad de dar su versión de los hechos, aunque puede reservarse su derecho a declarar. Esto, en parte, porque la causa de la investigación es secreta. Según explicó esta mañana la periodista Carlota Guindal, de El Español, en entrevista con Ciro Gomez Leyva, nadie tiene conocimiento de los extremos de la investigación más que el juez, el fiscal y la Policía Nacional, ni siquiera la defensa Moreira tendrá la oportunidad de acceder al expediente. Todo ello porque en España se considera que al revelar las investigaciones los indiciados podrían destruir parte o el total de las pruebas.
Aunque el viernes el exgobernador puede negarse a declarar, todo apunta a que en ese día la defensa solicitará al juez la libertad bajo fianza, aunque para ello debe de probar que no se fugará del país.
Según el auto judicial del magistrado José de la Mata que publicó este domingo Milenio, Moreira puede pasar mínimo 11 años en la cárcel por los delitos de blanqueo de capitales (6 años) y organización criminal (5 años).
(Con información de El Español)
ahea
