Yasmín Esquivel, una de las candidatas de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y quien se perfila para quedarse con el cargo, mintió al Senado cuando aseguró que no tenía conflictos de interés que pusieran en duda su independencia, en caso de ser elegida para formar parte del máximo tribunal del país.
Según se desprende de una investigación realizada por la revista Proceso, cuando Esquivel Mossa fungía como titular del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX), falló en favor de su esposo, el constructor José María Rioboó en un litigio relacionado con las obras de la Supervía Poniente durante el gobierno de Marcelo Ebrard.
Según la información recabada por el semanario, el 4 de abril de 2012 Grupo Rioboó tramitó ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el visto bueno para las obras hidráulicas de la mencionada vialidad que tuvo mucha oposición de los vecinos del sur de la ciudad y de la organización ambientalista Greenpeace, por considerar que su realización produciría un impacto negativo en la ecología de la zona. No obstante, en su solicitud la constructora dejó de manifiesto que personal del gobierno capitalino le había apoyado en las maniobras técnicas.
Los opositores a la Supervía incluso demandaron formalmente que Mossa Esquivel se excusara de participar en las diligencias del juicio, ya que de no hacerlo, incurría en las responsabilidades establecidas en el Código de Procedimientos Civiles de la capital del país. A pesar de lo anterior, Esquivel Mossa no sólo siguió adelante, sino que falló en favor de la empresa de su cónyuge.
De hecho, su voto fue decisivo para revertir una resolución previamente emitida por el Tribunal, en la que había calificado como ilegal la manifestación de impacto ambiental. En ese primer fallo se argumentó que no se había hecho la consulta pública prevista en la Ley Ambiental de la ciudad, además de que la Barranca de Tarango, por donde pasó el trazo de la Supervía, estaba catalogada como área de valor ambiental.
Según la documentación consultada por Proceso, la autorización de impacto ambiental fue firmada por Bernardo Lesser Hiriart, quien en aquel entonces ocupaba el cargo de director general de Regulación Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (Sedema).
Además de incurrir en este conflicto de interés, el Tribunal presidido por Yasmín Esquivel, ordenó reservar la información relacionada con este caso, según quedó de manifiesto en una solicitud ante la Oficina de Transparencia de este órgano, gestionada por Greenpeace en 2012.
El pasado 6 de marzo, la organización ambientalista expuso ante los senadores todo el expediente de este asunto, a fin de que dejar en claro que Yasmín Esquivel Mossa sí tenía conflicto de interés y no debía estar en la terna para la SCJN. A pesar de ello, Morena impuso su mayoría y declaró la idoneidad de Esquivel y las otras dos integrantes de la terna, las abogadas Loretta Ortíz y Celia Maya.
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