La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los desvíos de recursos públicos documentados en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, efectuada por el portal de noticias Animal Político, con base en informes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
En un comunicado, indicó que en la demanda interpuesta ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, se señala la presunta responsabilidad de diversos funcionarios de la secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como de universidades públicas involucradas en la triangulación con empresas fantasma, que quedó acreditada en los informes de la ASF correspondientes a los años 2013 y 2014.
Asimismo, añade que en la querella también se incluye la información más reciente, revelada el pasado 11 de septiembre por el periódico Reforma, sobre las operaciones en efectivo por un monto aproximado de 700 millones de pesos en la Sedatu, bajo el mando de Rosario Robles Berlanga.
De acuerdo con MCCI, en los reportes de la ASF y las investigaciones periodísticas ya referidas, existen suficientes elementos para iniciar una indagatoria formal sobre los convenios celebrados entre la Sedesol y la Sedatu con universidades públicas, a través de la subcontratación de empresas privadas, algunas de ellas catalogadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
La organización presidida por la académica María Amparo Casar, plantea que el propósito de esta denuncia es establecer un precedente para que las instancias de procuración de justicia no actúen con base en propósitos políticos sino con estricto apego a derecho con base en los elementos de prueba aportados. Asimismo, la ONG reiteró que hoy más que nunca, se hace necesaria la creación de una Fiscalía autónoma e independiente para acabar con lo que llamó “pactos de impunidad”.
“Estamos conscientes de que la corrupción no se resuelve con la sanción de unos cuantos casos emblemáticos, pero también de que la impunidad prevaleciente no puede persistir. La historia reciente muestra que cuando no hay consecuencias para los actos y redes de corrupción, estos se multiplican”, concluye el boletín.
La demanda de MCCI en la PGR se suma a las que en su momento fueron presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante esta misma dependencia.
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