El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los llamados “Servidores de la Nación” por actos violatorios de la normatividad electoral federal y la realización de actos de promoción personalizada.
Los integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) y el consejero nacional del partido, Rafael Hernández Estrada, advirtieron que el gobierno federal está erogando cerca de 3 mil 500 millones de pesos anuales a la nómina y gastos de operación del Coordinador General, Delegados Estatales, Coordinadores Regionales y toda la estructura diseñada para operar los recursos públicos del programa para el desarrollo, lo que calificaron como un daño a la vida democrática del país.
En conferencia de prensa los integrantes del Sol Azteca señalaron que esta estructura evidentemente ya opera para las elecciones de 2021 pues al entregar recursos dicen que el dinero va de parte de Presidencia y no de un programa federal.
Ángel Ávila, integrante de la dirección extraordinaria acusó que con dicha maquinaria, integrada sólo por ex candidatos de Morena, miembros del partido, secretarios o dirigentes estatales, el gobierno federal ya está preparando candidatos para la próxima elección.
“En el PRD siempre lo hemos denunciado, los famosos súper delegados son la construcción de los próximos gobernadores a partir del dinero público, el tiempo nos está dando la razón”, apuntó.
En tanto, Camerino Márquez, representante del PRD ante el INE dijo que el gobierno de López Obrador debe garantizar el debido cumplimiento del estado de derecho y sobre todo la imparcialidad para no utilizar los recursos públicos como una entrega, dádiva o prebenda a un ciudadano.La queja, que incluye fotografías, videos y textos que exponen el supuesto uso ilegal de los recursos públicos, fue ingresada ante Oficialía de Partes del INE.
Según el partido, los cientos de millones de pesos que el gobierno federal está erogando para su maquinaria electoral equivale a un año del Fondo Nacional de Desastres naturales o 10 veces del presupuesto destinado para los refugios de las mujeres víctimas de la violencia.
“A todas luces es un despilfarro ilegal e inconstitucional al hacer uso indebido del dinero público destinado a los programas de asistencia social”, subrayaron.
