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Collage: CC News

El Presidente de la República: jefe de las instituciones, “la primera magistratura del país” posee un vestuario preciado y codiciado: el ropaje constitucional de máxima autoridad confirmada por la ostentosa banda presidencial y, además, una coraza que le evita la exposición directa a sus opositores en medio de una ceremonia que confirme la finalidad de la sujeción presidencial a la exigencia de explicaciones a nombre de la sociedad.

¿Cómo y cuándo se formó la fábrica de una devoción oficial al Presidente? (Al margen de las estridencias demenciales de Antonio López de Santa Anna, quien se hizo llamar alteza serenísima) La tradición histórica arrancó en el Porfiriato que colmó de confeti, aplausos, loas, besamanos y banquetes el día del informe presidencial celebrado a partir de 1877, el 16 de septiembre; fecha clave, justo la mañana siguiente al Grito de la Independencia, solemnidad decretada en dicha fecha sólo por coincidir con el cumpleaños del general Porfirio Díaz, presidente de México, fórmula con la que se fundió en la figura presidencial la mística de la patria y, como resultado, la “infalibilidad” presidencial y su condición de “intocable”.

Pero desde una perspectiva democrática, ¿cuándo comenzó jurídicamente la era de la incuestionabilidad presidencial? Fue en aquel informe de 1988, el último de Miguel de la Madrid, cuando quedó atrás la regla de oro: “al Presidente, nadie lo interrumpe y menos le reprocha o le reclama”. Ese alguien fue el controversial Porfirio Muñoz Ledo, entonces diputado federal. A partir de entonces, las protestas antes y durante la lectura del informe presidencial fueron la constante; en el trágico 1994, las protestas provocaron las desafortunadas palabras del presidente Salinas de Gortari: “ni los veo ni los oigo”, una señal de arrogancia melancólica a los viejos tiempos y peor aún: el desprecio presidencial a la oposición cuestionadora, por atreverse a cuestionarlo, sin detenernos en las razones de los cuestionamientos.

Paradójicamente, la consolidación de esa situación acaeció en 2008. La absurda expresión presidencial de Salinas de Gortari en 1994 cobró carácter de profecía legal con plena vigencia, en los términos de una “solución” a todas luces antirrepublicana; proteger la investidura presidencial del amargo trámite de ir a leer su informe para limitarse a enviarlo con el secretario de Gobernación, algo que, después de las alternancias, debería haberse superado y que extrañamente permanece como formato inalterable.

Entonces, la defensa de la investidura presidencial pesó más que la lógica republicana. A pesar de la cada vez más áspera experiencia para los titulares del Poder Ejecutivo, el paso de cada informe la tradición se canceló en 2008 antes del segundo de Felipe Calderón, se modificó el formato y, desde entonces, el Presidente no tendrá por qué experimentar el desagradable trance de acudir a soportar la irreverencia de la oposición, anfitriones que por mandato republicano lo reciben a rendir cuentas de su gestión ante el Poder Legislativo (que en su conjunto representa al pueblo). La Asamblea Legislativa es el espacio de la representación popular por excelencia y con independencia de la proporción de los legisladores afines al titular del Ejecutivo, acudir, incluso a ser “ofendido” por la intolerancia, a los severos cuestionamientos que con razón o sin ella se le expresen. Es un deber republicano que debería retornar, en paralelo a las nuevas fórmulas de consulta popular para llegar a limitar la permanencia de un presidente que hubiera perdido la confianza popular, como la concreción de la revocación de mandato.

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