Pisa, parte de la “mafia farmacéutica”, ganó 113 contratos de venta medicamentos para 2020

A pesar de que en marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador prohibió que la farmacéutica DIMESA, propiedad de Laboratorios Pisa, participara en licitaciones con el gobierno federal por ser una empresa “corrupta”, nueve meses después le otorgó 113 contratos para compra de medicamentos.

El 20 de marzo la presidencia de la República ordenó a la Secretaría de Hacienda que Dimesa y otras farmacéuticas no participaran en licitaciones o adjudicaciones, por “presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias” en sexenios anteriores. El gobierno informó que dos de las empresas vetadas se ampararon, pero no informó si Dimesa lo hizo.

Nueve meses después, este 24 de diciembre, se anunció que Laboratorios Pisa, la empresa propietaria de Dimesa, ganó 113 licitaciones para surtir de medicamentos al sector salud del gobierno federal para el 2020.

Durante la crisis de desabasto de medicamentos que se vivió durante muchos meses de 2019, el presidente López Obrador hizo continuas declaraciones en contra de lo que llamó la “mafia de las farmacéuticas”, empresas que según dijo, vendían medicamentos a sobreprecio y por medio de contubernios con funcionarios de administraciones pasadas se dedicaron a robar del erario. Habló de “boicot” y del supuesto intento de las farmacéuticas por “doblegar” al gobierno federal.

Ahora, en el fallo de la licitación LA-006000993-E4-2019, denominada “Contratación consolidada de medicamentos y bienes terapéuticos para el ejercicio fiscal 2020”, se anuncia que Pisa cumplió con las condiciones para obtener 113 de los 632 contratos a concurso.

Pisa-Dimesa ha sido desde hace varios años uno de los principales proveedores de medicamentos del sector salud. La negativa de AMLO de comprarle medicamentos a esa y otras empresas provocó una intensa crisis de desabasto en el IMSS, el ISSSTE y hospitales de la Secretaría de Salud. No fue el único problema: también se frenaron las compras de materiales de curación e insumos diversos para equipo médico. Durante varios meses de 2019 las denuncias de carencias en múltiples hospitales fueron abundantes.

El pasado 9 de mayo Cofepris ordenó a Pisa—propiedad de la familia Álvarez Bermejillo–suspender la producción de metotrexato por incumplir “las buenas prácticas de fabricación”. Ya en agosto, médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, acusaron al gobierno federal de haber provocado desabasto de dicho medicamento, necesario en casos de leucemia.

El gobierno federal incluso realizó compras de metotrexato en otros países, con gran despliegue mediático. Posteriormente, se dio a conocer que el Hospital Infantil de México siempre tuvo reservas del medicamento de las cuales no informó. Sin que el asunto se hubiera aclarado plenamente de cara a la opinión pública, el caso provocó la caída de varios funcionarios del hospital. El gobierno federal explicó el asunto como consecuencia de “mala comunicación”.

No han sido los únicos incidentes relacionados con la farmacéutica.

En octubre de este año, la agencia Apro reportó que el veto del gobierno federal a Dimesa no fue obstáculo para que el gobierno de Jalisco otorgara a Pisa-Dimesa una licitación por mil 134 millones de pesos.

La agencia informó que el titular de la Secretaría de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, “es familiar de los accionistas de Dimesa” y por ese motivo concedió la licitación, sin hacer caso del veto.

Este diciembre todo parece superado, ya que Pisa-Dimesa participó de nuevo en licitaciones y obtuvo 113 contratos. Según las bases de la licitación, todas las empresas ganadoras deberán entregar su documentación este jueves 26 de diciembre, de lo contrario no se formalizará el contrato.

Las primeras entregas de medicamentos deberán concretarse en enero.

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