Con el alegato de que el delito ya prescribió, Pío López Obrador busca que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) detenga la investigación que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE) por haber recibido en 2015 recursos para actividades políticas de Morena y de su hermano, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
La defensa de Pío alega, según informa Milenio, que en el momento de las transacciones entre el hermano del presidente y el asesor del gobernador chiapaneco la norma electoral entonces vigente establecía que esos recursos sólo podrían ser investigados y sancionados hasta tres años después. Aunque después esa normatividad fue cambiada para que ese tiempo comenzara a partir de que la autoridad electoral se enterara de los hechos, la ley no es retroactiva a menos que beneficie al denunciado.
Según la nota de Milenio, Pío López Obrador recurrió a Salvador Nava Gomar, quien fue magistrado de la Sala Superior del TEPJF, para que se encargue de su defensa en el asunto de la recepción de recursos.
En su conferencia de prensa el presidente López Obrador hizo referencia al asunto: “Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano, y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política”.
A la pregunta de su opinión sobre la prescripción del presunto delito, el mandatario dijo que “no me meto en eso, eso que lo decida la autoridad competente. Pero yo no le voy a hablar a un juez ni le voy a hablar a un ministro ni le voy a hablar al fiscal. Ya les he dicho: llevo como año y medio sin ver al fiscal presencialmente; creo que lo vi en una teleconferencia con lo de Ayotzinapa”.
Volvió a decir que el principal problema del país es la corrupción y la impunidad, y que “no voy a proteger a ningún corrupto; no soy tapadera, aunque se trate de mi familia, también ya que quede claro”.
Pío López Obrador ha estado muy activo en su defensa de la recepción dudosamente legal de recursos que hizo para su hermano y su partido: el 2 de octubre demandó a quien resulte responsable (aunque señaló a Carlos Loret de Mola) de la difusión de los videos de esos hechos, para quien pidió 12 años de prisión.
Además de Pío, otros familiares del presidente López Obrador han llamado la atención en los últimos días: hace unos días su hermano José Ramiro renunció a su cargo en el gobierno de Tabasco para buscar una candidatura a un puesto de representación para el proceso electoral del año próximo, mientras que la cónyuge del mandatario, Beatriz Gutiérrez Müller, acaba de ingresar en el Sistema Nacional de Investigadores (creado en 1984, ya en la época del neoliberalismo) para alcanzar el nivel I.
El 21 de agosto, en el capítulo 12 del programa Loret, dirigido por Carlos Loret de Mola, fueron presentados dos videos y un audio de mayo y junio de 2015 en los que se ve y escucha a Pío López Obrador mientras recibe dinero de David León Romero, entonces asesor del gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco, para financiar las acciones de Andrés Manuel López Obrador, de lo que, se oye comentar a Pío, éste está enterado. Según dijo en un tuit León Romero, los fondos los había recolectado “entre conocidos”.
En los días posteriores el PAN y el PRD anunciaron que presentarían denuncias sobre esos hechos, y el 27 de agosto, durante un foro virtual de El Colegio de México, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo sobre el caso de Pío López Obrador que ya se habían presentado denuncias (cuando menos el PRD y el PAN lo han hecho), por lo que se tendrían que indagar: “El INE cuenta con distintos protocolos de investigación según el caso de que se trate, y ello implica detonar distintas actuaciones y requerimientos a otras autoridades, incluyendo la Fiscalía”.
Añadió entonces que “tenemos que analizar si es un asunto que tenga que ver con fiscalización; si es el caso, será la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión respectiva las que conduzcan esas indagatorias. Puede ocurrir que pudiera haber algún otro ilícito electoral y tendríamos que ver si eso se lleva por fiscalización o por la Unidad de lo Contencioso Electoral. El punto es que las denuncias están presentadas y tenemos que indagar”.
Aunque también explicó que se tienen que aclarar asuntos como la fecha en que ocurrieron los hechos y saber si se informó de esos recursos: “Si se reportó, probablemente se sancionó, porque por los montos que se dicen (habría que indagar) probablemente excede el límite de efectivo. Estoy especulando y quiero ser muy cuidadoso respecto de lo que eventualmente tendrá que pronunciarse el Consejo”.
Mientras ese procedimiento está en marcha, Pío López Obrador pide al controversial TEPJF que detenga las indagatorias por prescricpión del delito.
