A unos días de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dé cauce a diversos recursos legales en contra de la Ley General de Comunicación Social, las organizaciones Fundar y Artículo 19 pidieron al máximo tribunal del país declarar la inconstitucionalidad de esta normatividad.
En un comunicado conjunto, dichas asociaciones que en 2017 obtuvieron de la Corte una resolución en la que se ordenaba al Congreso una ley que regulara la asignación de la publicidad oficial, consideraron que en sus actuales términos, la ley de referencia atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
“Es importante recordar que la Ley General de Comunicación Social resultó de la resolución de la Primera Sala del amparo en revisión 1359/2015 del 17 de noviembre del 2017, en la cual se requirió al Congreso de la Unión emitir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Dicha resolución derivó en un polémico proceso legislativo, en el cual, el 11 de mayo de 2018 el entonces Presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Comunicación Social, misma que entró en vigor el 1 de enero del 2019. En junio del mismo año se interpusieron las acciones de inconstitucionalidad en cuestión”, se indica en el documento.
Fundar y Artículo 19 sostienen que tal y como se aprobó, la ley no facilita una correcta regulación de la publicidad oficial y ésta sigue utilizándose con fines propagandísticos y no de información, además de que no alienta la pluralidad informativa. Asimismo, al no existir un control sobre su asignación, en ésta se mantiene la discrecionalidad y la opacidad.
Por lo anterior, argumentaron, el pasado 20 de febrero se presentó ante la Corte un documento en el cual se refuerzan los argumentos vertidos en su momento en los distintos recursos de inconstitucionalidad y se hace énfasis en que debe haber una instancia externa e independiente que supervise que la asignación de las pautas publicitarias se lleve a cabo conforme a estándares internacionales en la materia y sobre todo, a lo que establece la Constitución en materia de derecho a la información y libertad de expresión.
“La importancia de que nuevamente sea el Poder Judicial quien reconozca la ausencia de una legítima y correcta regulación en la materia, abre una nueva ventana de oportunidad para contar con un marco regulatorio que efectivamente garantice el derecho a la información, la libertad de expresión y fomente la pluralidad mediática”, se lee en el boletín.
Tras la aprobación en abril de 2018 de la Ley General de Comunicación Social, conocida coloquialmente como Ley Chayote, las organizaciones Fundar y Artículo 19 promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN; otro tanto hicieron legisladores de Movimiento Ciudadano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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