Arturo Escobar y Vega, exvocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidió separarse de su cargo como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación luego de que se diera a conocer que la PGR solicitó a un juez federal girar una orden de aprehensión en su contra por violar la ley electoral.
En una carta difundida en su cuenta de Twitter, el funcionario informó que este mismo miércoles notificó a la Segob su decisión para “facilitar (a la autoridad) el adecuado curso de las investigaciones”.
Según expuso, hasta el momento, no ha sido requerido por ninguna autoridad judicial, además rechazó las imputaciones en su contra pues confía en su inocencia.
A la opinión pública: pic.twitter.com/AMT0wwz6lT
— Arturo Escobar (@ArturoEsc) noviembre 26, 2015
Sin especificar nombres, la Procuraduría General de la República, alrededor de las 22:00 horas, publicó un comunicado donde señaló que “se consignó la Averiguación Previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la LGMDE. Así como por el diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (Instituto Nacional Electoral)”.
Asimismo indicó que en términos del artículo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el juez tiene 10 días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión.
De acuerdo con los reportes de El Universal y Reforma, la Procuraduría, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó a un juez federal girar una orden de aprehensión contra Arturo Escobar por violar la ley electoral durante las últimas elecciones federales.
Lo anterior, luego de una investigación de seis meses, en donde la dependencia concluyó que el exvocero de Verde Ecologista infringió a ley electoral al firmar un contrato con una empresa para elaborar y entregar 10 mil tarjetas Premia Platino a la ciudadanía a cambio de votos.
La denuncia fue interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) el 13 de marzo de 2015 y un mes después, el 9 de abril, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo lo propio. Según El Universal serán los abogados del PVEM quienes se hagan cargo del proceso.
La ley electoral estipula que los partidos, candidatos y equipos de campaña tienen prohibido distribuir cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, en especie o efectivo, por representar un "indicio de presión" al elector para obtener su voto.
Así, el delito que se le imputa a Escobar y Vega es el previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que castiga a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido, cuando exista una prohibición legal para ello.
Si es que el juez federal ejecuta la orden de aprehensión y se le encuentra culpable, el castigo que el funcionario deberá enfrentar va de cinco a 15 años en prisión y de mil a cinco mil días de multa.
La averiguación previa está asentada bajo el número 618/2015.
ahea
