PGR no puede comprobar que Pineda Villa pertenece a Guerreros Unidos
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido sustentar con pruebas las acusaciones por delincuencia organizada por delitos contra la salud y con fines de modalidad de fomento de desaparición forzada y secuestro, contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quienes son señalados como presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos, grupo criminal que es presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo a lo difundido por El Universal, con base en la versión pública del expediente de dicho caso, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Tamaulipas consideró que sólo se le puede imputar a Pineda Villa el delito de cohecho, el cual habría cometido durante su detención en Iztapalapa, en octubre del año pasado.
Según la declaración de los elementos de la Policía Federal que arrestaron al matrimonio, la esposa de Abarca les ofreció 500 mil pesos y un Mercedes para que los dejaran escapar.
Sobre las acusaciones en contra de Pineda Villa, el juez federal consideró que la PGR no pudo demostrar su presunta colusión con Guerreros Unidos, por lo que rechazó, en noviembre del año pasado, la emisión de tres autos de formal prisión contra la acusada.
“No existe declaración de la que se desprenda imputación directa que la señale como integrante del cártel; tampoco se indica quién era su jefe, sus colaboradores, el tiempo, el modo o el lugar donde realizaba la actividad para esa organización.
“Nada más se desprende que era la esposa del presidente municipal de Iguala, que sobre la explanada principal rindió su informe como presidenta del DIF, sin que esto se relacione con la organización de trato”, se lee en la argumentación del juez.
Agrega que “en cuanto a las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado (ubicado como líder de Guerreros Unidos por la PGR), donde refiere que la inculpada Pineda Villa manejaba dinero de José Luis Abarca, y del MP, dicha circunstancia no resulta ser suficiente, dado que no especifica cuándo, dónde, qué cantidades, por qué concepto eran, de dónde provenía el dinero, por lo que el hecho que recibiera y manejara dinero no quiere decir que con sólo ese hecho perteneciera a alguna organización, máxime que no señala que ésta hubiera cometido alguna actividad ilícita para alguna banda criminal”.
Sobre esta misma supuesta pertenencia al grupo delictivo, las autoridades presentaron una nota informativa que vincula al matrimonio Abarca con los narcotraficantes. No obstante, el juez federal dijo que dicho elemento “es suficiente para demostrar su existencia, pero no para considerar lo que ahí se plasma como un hecho cierto”.
Sobre las acusaciones de desaparición forzada y secuestro, el Ministerio Público determinó que los normalistas no fueron retenidos por un lapso amplio, por lo que es imposible imputar este delito a Pineda Villa o a los nueve presuntos sicarios de Guerreros Unidos que son señalados como probables autores materiales e intelectuales, entre ellos, Gilberto López Astudillo, “El Gil”.
“Para que se actualice la conducta (de desaparición forzada) se requiere que el sujeto activo del delito detenga, prive de la libertad y oculte a una o más personas, conducta que del análisis de las constancias que integran los autos no se encuentra demostrada (…). Las constancia apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente”.
Asimismo, el juez consideró que con respecto a Pineda Villa “en el cúmulo probatorio no existe declaración de la que se desprenda imputación directa que sea suficiente y bastante que la señale en qué forma participó en el ilícito de secuestro”.
mahy