viernes 29 marzo 2024

PGR debe disculparse con la indígena Jacinta Francisco por encarcelarla injustamente

por etcétera

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que espera la resolución correspondiente del poder judicial federal sobre el caso de Jacinta Fransico Marcial, indígena ñhañhú a quien inculpó hace 10 años y posteriormente encarceló por delitos que nunca cometió.


En un comunicado, la dependencia federal detalló que "estará atenta a que la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa notifique la resolución correspondiente, a fin de analizar los términos en que fue dictada" y, a partir de ello, ofrecer una disculpa pública y reparar el daño por encarcelarla injustamente.


En días pasados, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México ordenó a la PGR que se disculpe públicamente con Jacinta Francisco Marcial, a quien acusó, junto con las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, de haber secuestrado a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones, hoy Policía Federal de Investigación.


Fue el 3 de agosto de 2006 cuando la AFI imputó a las ahora víctimas. Según la autoridad, el 26 de marzo de ese mismo año cometieron el plagio en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro.


Cinco meses atrás, en ese tianguis, esos seis policías despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando que se trataba de piratería.


Tras enfrentar un proceso judicial repleto de irregularidades, Jacinta, y sus presuntas cómplices, fueron condenadas en diciembre de 2008 a 21 años de prisión.


Sin embargo, ante la falta de solidez de las pruebas, las autoridades retiraron los cargos y un juez decretó su liberación el 15 de septiembre de 2009.


En ese mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por considerar que la PGR imputó a las mujeres con base a testigos falsos, pero la dependencia desechó la misiva.


En abril de 2010, la ministra Olga Sánchez Cordero encontró irregularidades en el proceso contra Alberta y Teresa, por lo que presentó un proyecto de sentencia que, semanas después, pone en libertad a ambas indígenas.


Hasta la fecha, todavía no hay un anuncio de disculpa pública o resarcimiento de daños para Alberta y Teresa aunque la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México lo solicitó al gobierno mexicano en ese mismo año. 


Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juaréz emitió un informe en el que detalló que Jacinta nunca tuvo un intérprete durante su declaración preparatoria ni en las demás diligencias del juicio a pesar de que su comprensión del español era mínima.


En ese entonces, durante el gobieno de Felipe Calderón, las PGR se negó a reparar los daños ocasionados a las indígenas pese a la presión de distintos organismos, fue hasta el año 2014 cuando el Tribunal Federal de Jusiticia Fiscal y Administrativa se lo ordenó.

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