El gobierno de Estados Unidos tuvo conocimiento de la red de tráfico de menores que operaba desde la administración pública de Sonora y advirtió en marzo pasado a las autoridades estatales, sin embargo la procuraduría tardó cinco meses en conseguir las órdenes de aprehensión contra los funcionarios, tiempo que aprovecharon los principales responsables para ampararse de cualquier detención y así escabullirse de la justicia.
A través del oficio ICE007/2015, el Departamento de Seguridad Interior de EU advirtió a la Procuraduría General de Justicia estatal de una denuncia anónima que les alertó sobre un grupo de personas que vendía a recién nacidos tanto a parejas norteamericanas como mexicanas, para aparentar que éstos en realidad eran los padres biológicos.
“Nuestra oficina recibió información a través de una fuente confidencial acerca de un grupo de personas que se dedican a la venta de recién nacidos (trata de personas) a parejas tanto mexicanas como estadounidenses y que han formado una red compleja para que el resultado final sea como si la pareja ‘adoptante’ son los padres biológicos de los recién nacidos y así puedan llevar a cabo todos los trámites civiles a los que haya lugar”, firmó Mario H. Méndez, el Agregado Adjunto de Seguridad Interna del Consulado en Hermosillo.
El documento está fechado el 26 de marzo 2015, ocho días después de que según ha señalado el procurador de Sonora, Carlos Navarro, inició la investigación. No obstante, aún no explica el por qué de la dilación en las aprehensiones y porqué los líderes de la red de trata, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y José Manuel Hernández López, el exdirector jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, confesaron los crímenes, consiguieron amparos y lograron burlar a la justicia.
De acuerdo con un nuevo reporte de laravision.tv, el medio que reveló el caso, fue el 11 de mayo cuando Arzate Carbajal confesó que elaboró trece oficios en ausencia del procurador, del DIF estatal, Francisco Javier Izaguirre, para sustraer menores del Hospital Infantil y entregarlos a parejas en busca de adoptar niños. No obstante y pese a admitir su responsabilidad pudo tramitar un amparo el 18 de mayo y quedó en libertad.
Incluso José Manuel Hernández López, en su declaración ministerial del pasado 9 de mayo también admitió participar en seis casos, de los cuales, cinco fueron entregados a diversas familias y una menor se quedó en manos de su pareja sentimental, Emma Consuelo Falcón Etchechury.
El medio digital también expone que el tercero de los inculpados, el edil Edgar Vázquez Tello, acusado de vender hasta en 15 mil pesos los avisos de nacimiento –que legitiman “las adopciones”-, en ningún momento fue citado a comparecer ante la procuraduría.
Las declaraciones están dentro del expediente 298/2015. Fue hasta el 27 de agosto cuando la procuraduría giró 16 órdenes de aprehensión, de los cuales solo ocho se han cumplido, pero en su mayoría se trata de parejas o madres solteras que pagaron hasta 150 mil pesos para”agilizar los trámites” de adopción.
El director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García ya hizo un llamado para que la Procuraduría General de la REpública atraiga el caso.
Según declaraciones de Navarro que retoma El Economista, ya son nueve los menores que han sido rescatados por el DIF estatal, pero las autoridades tampoco logran tener una cifra exacta sobre la cantidad de niños que fueron vendidos.
ahea
