Al presentar una recomendación sobre el caso Iguala, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos podría constituir un elemento suficiente para concluir que cuando menos 19 personas habrían sido incineradas en el basurero de Cocula. Esto fue subestimado por la Procuraduría General de la República. Sin embargo, aclaró que se debe determinar si los restos corresponden a alguno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la presentación de la Recomendación 15 VG/2018, fue resaltado que “el desaseo y poco profesionalismo con el que se han llevado a cabo las investigaciones han provocado que se subestimen 38 porciones petrosas de huesos y se ignore el material contenido en la bolsa recuperada del río San Juan”.
Además de esto, también se informó que cuando menos 70 detenidos por el caso Iguala han sido torturados o recibieron trato cruel, inhumano o degradante.
Tampoco se ha investigado omisión o tolerancia de autoridades de distintos niveles de gobierno, ya que, pese a advertir de la gravedad de los hechos en Iguala, no dieron parte al Ministerio Público ni ordenaron intervención directa.
Asimismo, el titular de la CNDH dijo que la investigación realizada muestra que el crimen organizado ha tomado instituciones de seguridad y justicia en los tres niveles y órdenes de gobierno.
Lo anterior no es un caso aislado sino reflejo de lo que ocurre en diversas partes del país, ya que “un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.
Por otra parte, hoy también el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe final acerca del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Allí el organismo destaca que las investigaciones realizadas, además de pocos avances, carecen de una directriz clara, no hay aprehensiones de actores estatales y que el discurso oficial aún se centra en versiones ya descalificadas.
Así, dice el Mecanismo, se trata de “una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada; falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión”.
Asimismo, señala que se deben realizar investigaciones más exhaustivas acerca tanto de las policías municipales de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla, así como sobre los militares que participaron en los hechos.
Fueron añadidos otros temas, como el espionaje al GIEI y a los abogados de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, así como las torturas a los inculpados.
Finalizó la CIDH con el anuncio de que “continuará dando seguimiento a la medida cautelar MC 409/14 hasta que persistan los elementos que dieron origen a dicha medida, se encuentre a los estudiantes y se conozca la verdad de los hechos ocurridos en Iguala”.
arm
